Los presidentes autonómicos no ponen reparos a prorrogar el estado de alarma

Aunque Pablo Casado reunió por videoconferencia a los barones de su partido el sábado para conjurarse en el rechazo a la prórroga al estado de alarma, los presidentes autonómicos del PP no defendieron ante Sánchez esa postura durante la décima conferencia de líderes territoriales celebrada este domingo.

Hubo quejas, como las de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso por el hecho de que su comunidad siga en la fase cero de la desescalada o del gallego Alberto Núñez Feijoó y el andaluz Juan Manuel Moreno por los criterios de reparto del fondo de 16.000 millones para las comunidades, pero, según relataron fuentes conocedoras de lo tratado en la reunión, nada que se pareciera a un frente común contra la prórroga del confinamiento y la restricción de la actividad económical. Un asunto en el que el líder del PP se ha encastillado con una rotunda oposición.

Por ese lado, Sánchez tuvo una plácida cita dominical aunque el pliego de demandas de los gobernantes autonómicos fue amplio. El lehendakari Iñigo Urkullu reclamó ahondar en la cogobernanza de las fases de la desescalada con «un nuevo marco legal». El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, pidió la reanudación de la actividad judicial. El murciano Fernando López Miras planteó la rebaja al 4% del IVA para el sector hostelero y turístico. El castellano-manchego Emiliano García Page defendió la creación de un instrumento jurídico distinto al estado de alarma para controlar la movilidad si hay rebrotes de la Covid-19.

Pero sobre todo tuvo que escuchar demandas de claridad en los criterios, tanto para el reparto del fondo de 16.000 millones como para los informes técnicos que permiten pasar de grado en el plan de normalización. Capítulos en los que incidieron el cántabro Miguel Ángel Revilla, los presidentes de Galicia, Andalucía, y también Quim Torra, que reclamó 4.000 millones para Cataluña, además de su clásica reivindicación de «devolución» de competencias. El Gobierno, según explicó después la portavoz María Jesús Montero, se guiará por tres criterios para la distribución de los fondos: el tamaño de la población protegida, el número de pruebas PCR efectuadas y la demografía de la comunidad.

La preocupación central de la Moncloa no está en el flanco autonómico, está en el respaldo de las fuerzas políticas a la quinta y «última» prórroga. Ciudadanos se descolgó este domingo con resistencias a dar su apoyo a la ampliación de un mes. Esa duración, explicó el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, «no respeta el espíritu de la Constitución ni el espíritu de la ley orgánica que regula el estado de alarma». El apoyo de su partido, advirtió, «no está garantizado». Sánchez se reunirá este lunes o martes con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, para intentar renovar su respaldo, pero en la Moncloa hay preocupación por la presión que ejerce el PP sobre la formación liberal.

Dos aliados minoritarios, Compromís y Coalición Canaria, también han planteado nuevas objeciones. Los nacionalistas valencianos exigen un compromiso para abrir de inmediato la negociación sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, y los insulares urgen a que se adopten sin demora medidas para paliar la situación del sector turístico en las islas. De no ser así, amenazan con retirar su apoyo al Gobierno. Si no hay arreglo, el bloque de los 178 diputados que apoyó la última prórroga podría mermar hasta los 166, siempre que no haya nuevas desafecciones.

Pero en la Moncloa ni se les pasa por la cabeza la posibilidad de un fracaso en la votación del miércoles. Tanto Montero como el ministro de Sanidad reiteraron este domingo los argumentos sobre la inviabilidad de poner punto final al estado de alarma en este momento. La portavoz apuntó que el Gobierno «pondrá todo su empeño» en lograr un consenso lo más nutrido posible para renovarlo, y solo excluyó de las conversaciones al PP y Vox porque han dicho que votarán en contra. Montero, sin embargo, evitó poner fechas a la ampliación. «Aproximadamente un mes», apuntó. El calendario exacto lo fijará el Consejo de Ministros de mañana.

Salvador Illa apeló a la responsabilidad de los partidos porque el estado de alarma «es una necesidad sanitaria, no un proyecto político» que aproveche el régimen de excepcionalidad para recortar libertades o implantar un nuevo modelo de país. Sin estado de alarma, advirtió, la vuelta a la normalidad estará en peligro.