El Gobierno mantiene abierta la puerta a decretar nuevas medidas de confinamiento

El Ejecutivo suspendió el tratado de Schengen para controlar el paso de personas en las fronteras terrestres. Desde el 23 de marzo, y durante treinta días, solo se permitirá el acceso a españoles, residentes, ciudadanos transfronterizos, personas que acrediten razones de fuerza mayor y diplomáticos.

También el elevado porcentaje de mortalidad por COVID-19 ha obligado al Gobierno a agilizar los enterramientos e incineraciones antes de las 24 horas del fallecimiento siempre que la familia dé su consentimiento o el hecho no sea contrario a la voluntad del difunto. violenta, en cuyo caso «se estará al criterio de la autoridad judicial correspondiente».

El Ejecutivo ha corregido en estos quince días alguno de los errores que contenía el decreto inicial y que permitían, por ejemplo, ir en grupo por la calle al trabajo o a hacer la compra, e incluso bajar a la playa si no era a través de carreteras y vías de uso público.

Las compañías farmacéuticas deberán garantizar el suministro de determinados fármacos considerados esenciales e informar puntualmente de su stock disponible y las previsiones de producción y distribución.

La pandemia se ha llevado por delante la vida de, al menos, 1.500 ancianos ingresados en residencias de toda España. Ante este trágico balance, el Ejecutivo decidió aumentar el control de los centros, que desde el pasado martes están sujetos a la inspección de Sanidad, y les dio la consideración de servicio esencial.

A su vez, El Ministerio de Justicia desbloqueó el pasado 21 de marzo la concesión de indultos después de que quedara suspendida esta medida de gracia con la entrada en vigor del estado de alarma. Interrumpidos todos los plazos administrativos, se acordó que solo siguieran adelante los «indispensables para la protección del interés general».