El Gobierno contraataca y publicará el sábado los bienes de sus altos cargos y los del anterior Ejecutivo

Los socialistas llevan días afirmando que son víctimas de un ataque desmedido de la oposición que no ha dudado incluso, dicen, en utilizar el «chantaje al Estado» del «corrupto» excomisario José Manuel Villarejo -hoy en prisión preventiva por sus negocios supuestamente basados en la extorsión- para desgastarlos. Y acusan al PP de usar una doble vara de medir.

Recuerdan, por ejemplo, las grabaciones en el despacho del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz que dieron lugar a la comisión de investigación sobre la creación de una «policía política» para espiar a los rivales políticos y por la que el veterano popular jamás asumió responsabilidad alguna o los intereses empresariales del exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete.

En 2006, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una ley que regula los conflictos de intereses y que implantó la obligatoriedad de publicar en el BOE las declaraciones de bienes de los miembros del Gobierno en los tres meses siguientes a su toma de posesión. Conforme a esa norma han de hacerse públicas antes de finales de septiembre, además, las de los ministros y secretarios de Estado nombrados o cesados entre el 1 de junio del año anterior y el 30 de junio del año en curso.

El PP amplió después en la Ley de Transparencia el listado de cargos que debían exponer su patrimonio a subsecretarios, embajadores, entre otros. En 2014, el Ejecutivo de Rajoy cumplió. Pero en 2015 una reforma de la ley reguladora del ejercicio del Alto Cargo derogó el decreto que establecía septiembre como fecha de publicación y derivó a la elaboración de un reglamento el desarrollo de la ley. Como ese reglamento no se hizo, nunca más se sacaron a la luz las declaraciones de bienes (salvo en el caso de los ministros que también eran diputados).

El Consejo de Ministros aprobará mañana viernes, según explican fuentes del Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas, un real decreto con el citado reglamento y el sábado publicará en el BOE los datos del Gobierno actual y los del anterior, que cumplió la ley en lo que respecta a la entrega de la información a la Administración.