El Gobierno confía en renovar el Constitucional sin disidencias

El propio Elorza, que pese a ser el portavoz de su partido en la comisión constitucional ha sido relevado por Francisco Aranda como interviniente en el debate, confirmó el martes en la Ser que votará con su partido para hacer efectiva la designación de Inmaculada Montalbán, Juan Ramón Sáez, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo. «Supongo que hay bastantes diputados y diputadas del PSOE y de Unidas Podemos para los que este hombre no reúne las condiciones y que muchos votaremos con una pinza en la nariz», dijo refiriéndose, en concreto, a Arnaldo.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, confirmó este miércoles esa misma previsión haciendo alusión a idéntica imagen, la de la «pinza en la nariz». «Lo contrario sería más coherente pero tendría consecuencias desastrosas», alegó.

Nadie se ha atrevido, en las dos formaciones que conforman la coalición de Gobierno, a ir tan lejos en sus críticas al pacto pilotado desde Moncloa por el nuevo hombre fuerte de Sánchez ('súper Bolaños', lo bautizó José Luis Rodríguez Zapatero en el pasado Congreso del PSOE) como el exalcalde donostiarra y exmiembro de la ejecutiva socialista, que llegó a tildar de «indignidad» la designación del aspirante conservador. Pero en privado no son pocos los que admiten su incomodidad. «Esto no nos ha salido muy bien», reconoce un dirigente socialista.

Desde que se anunció el acuerdo entre el PP y el PSOE –para el Constitucional y otras instituciones como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos–, se han ido publicando informaciones que vinculan a Arnaldo con administraciones del PP como la balear de Jaume Matas, la valenciana de Francisco Camps o la madrileña de Esperanza Aguirre, con quienes cerró contratos de miles de millones de euros a través de su despacho profesional al tiempo que ejercía como letrado de las Cortes. Su nombre aparece en diversos sumarios relativos a casos de corrupción de esa formación, como el Palma Arena o el Lezo, aunque sin consecuencias.

El Gobierno y la dirección del PSOE trataron de aplacar los recelos internos que también suscita, aunque en menor medida, la otra candidata propuesta por el PP, Concepción Espejel (apartada en 2015 del caso Gürtel por su proximidad a ese partido) con el argumento de que sólo se harán responsables de los nombres que ellos han puesto sobre la mesa, un razonamiento que choca con el hecho de que sean sus votos los que vayan a convertir a ambos en magistrados del Constitucional. Cada candidato necesita aglutinar 210 y esa suma sólo la alcanzan en el Congreso PSOE (120) y PP (que con dos diputados de UPN llegaría a los 91). UP, con 35 diputados, se suma porque también está en el pacto a través de la designación de Juan Ramón Sáez, exvocal del CGPJ a propuesta de IU.

El Ejecutivo esgrime que su preocupación ha sido alcanzar un bien mayor: renovar las instituciones para garantizar el normal funcionamiento del Estado. Aducen que este paso acerca también los relevos, después de casi tres años, en el Poder Judicial, para el que de momento sigue sin haber acuerdo, y añaden que el problema lo tendrán los conservadores cuando ante determinados temas sus magistrados tengan que ser recusados.

Asens, jefe de filas de Unidas Podemos en la Cámara baja, insistió este miércoles en esas ideas. «Es la solución menos mala porque la alternativa ahora mismo es mantener la actual situación que va contra el normal funcionamiento de las instituciones», dijo. Además, esgrimió que esta renovación del Constitucional, que no altera sus mayorías, es el primer paso paso hacia la mayoría progresista que se impondrá, auguró, en julio. Ese mes ha de renovarse otro tercio del tribunal con dos magistrados elegidos por el Ejecutivo y otros dos elegidos por el CGPJ. Pero para ello, el órgano de gobierno de los jueces tiene que ser renovado porque el cambio legislativo impulsado, precisamente, por los socios de la coalición, impide al actual consejo hacer nombramientos al encontrarse en funciones.