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El Gobierno ha cerrado con Ciudadanos el apoyo de sus diez diputados a la última prórroga del estado de alarma. Los pactos con Esquerra y PNV no han disuadido a los liberales de negociar con el Ejecutivo para extender 15 días más la ... situación extraordinaria, como especifica el documento del acuerdo, que circunscribe el consenso a este asunto. A cambio, el Gabinete de Pedro Sánchez se compromete a articular un «mecanismo alternativo» para actuar ante posibles rebrotes de la epidemia sin tener que echar siempre mano del artículo 116 de la Constitución.
En el texto, de seis puntos, se enmarca el pacto en la «voluntad del Gobierno de buscar amplios consensos entre las fuerzas parlamentarias» y se apunta al estado de alarma como «la única herramienta legal que ha demostrado su capacidad para proteger a la ciudadanía». Aun así, se anticipan reformas legales para encontrar otro instrumento. Además, antes del 15 de junio, el Ejecutivo se compromete a presentar un Real Decreto-Ley para «regular la salida» de la excepcionalidad para «los territorios que la alcancen».
También con esa fecha en el horizonte, el Gobierno trabajará para aprobar antes de mediados de mes un plan de ayudas para el turismo y sus actividades asociadas, como la restauración o la hostelería. «El plan incluirá -anticipa el acuerdo con Ciudadanos- varias medidas para fomentar el turismo nacional y constará de 2.500 millones de euros de líneas de avales ICO para garantizar la liquidez del sector y de 151 millones de euros de inversión en la transformación y digitalización del sector».
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Por otro lado, fruto de las conversaciones con el partido de Inés Arrimadas, las «medidas que se contengan en el decreto» de la última prórroga deberán ser «idénticas para toda España en la recta final del confinamiento, sin perjuicio de la progresión sanitaria de cada territorio». Y el Gobierno garantiza que contará con todas las comunidades en el Consejo Interterritorial de Salud para analizar el marco jurídico necesario que asegure una salida ordenada del estado de alarma.
Uno de los últimos puntos del documento recoge también el compromiso de permitir a los contribuyentes y sus representantes relacionarse con la Agencia Tributaria a través de sistemas digitales como la videoconferencia.
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