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En apenas diez días el viento ha cambiado de manera radical para el Gobierno. El «espíritu de unidad» que blandió con optimismo tras la Conferencia de Presidentes del 13 de marzo en La Palma se ha diluido como un azucarillo. El próximo martes el Consejo ... de Ministros aprobará, en un real decreto ley, el plan nacional frente a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania que el Ejecutivo planteó como resultado de un «gran acuerdo de país» y, a estas alturas, ni una sola fuerza política, ni siquiera el socio minoritario del Ejecutivo, es capaz de intuir cuáles serán las claves de su contenido.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y las vicepresidentas Yolanda Díaz y Teresa Ribera -titulares de Trabajo y Transición Ecológica, respectivamente- cerraron este miércoles su ronda de contactos con los grupos parlamentarios sin poner ninguna propuesta concreta sobre la mesa. «Ya estábamos avisados, pero no deja de sorprender: no traían ni un solo papel, no nos han explicado nada y sospechamos que querían la fotografía», reprochó tras su encuentro el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. Fue un queja muy parecida a la que en días previos plantearon otros partidos.
El Congreso se ha convertido en un clamor, no importa el color político, para que el Gobierno deje de esperar a que la Unión Europea fije el marco en el que pretende hacer frente al aumento de los precios de la energía y actúe sin más demora. La sesión de control evidenció este miércoles, de hecho, la soledad de Pedro Sánchez en el momento más crítico de la legislatura, con una enorme ola de descontento en marcha, que se manifiesta ya en paros y protestas de distintos sectores. El PP, Ciudadanos, Más País, ERC... uno tras uno le repitieron, con ligeras variaciones, la misma pregunta: ¿cómo piensa hacer frente a esta crisis?
El Gobierno -que ha optado por adelantar a este jueves la reunión con transportistas prevista para el viernes ante el goteo de empresas que han decidido parar su producción por problemas de abastecimiento- se siente incomprendido e incluso injustamente tratado. «Su discurso es el que alimenta a la ultraderecha porque no reconoce lo que estamos haciendo», llegó a espetar Sánchez a Rufián, después de que este alertara de que la inacción hará que sea Vox quien capitalice el desánimo.
Bolaños, por su parte, esgrimió de nuevo que su falta de definición responde, por un lado, a la necesidad de adaptar la respuesta nacional a lo que acabe acordando el Consejo Europeo entre este jueves y viernes y, por otro, al deseo de «escuchar» propuestas para que «todo el mundo se vea identificado en una respuesta que -repitió- tiene que ser de país».
Aunar las posiciones de todo el arco parlamentario, sin embargo, se antoja imposible. PP y Cs (Vox se niega a participar de cualquier pacto con el Ejecutivo) insisten en bajar impuestos; las principales fuerzas de la izquierda, empezando por Unidas Podemos, abogan por subirlos, especialmente, a las grandes eléctricas. El Gobierno rechazó el martes esa medida en una reunión con los directivos de las grandes compañías, pero también lleva días afeando a los populares que, ante cualquier escenario, plantee siempre lo mismo: una solución que deriva en una merma de los ingresos y recortes en el Estado de bienestar.
El problema, en todo caso, se lo encontrará Sánchez cuando, en el plazo de un mes, tenga que convalidar el real decreto. Mientras tanto, todas sus esperanzas están puestas en que Europa permita al menos a España y Portugal 'topar' el precio del gas. A estas alturas, en la Moncloa admiten que su gran apuesta para desacoplarlo de manera general del de la electricidad tiene pocos visos de prosperar y esgrimen que, ya que los problemas de interconexión han penalizado en el pasado a la Península Ibérica, convertida en isla energética, ahora no se le puede volver a castigar.
No son solo la oposición o los habituales apoyos de Sánchez en el Congreso los que recriminan al Ejecutivo que no haya aprobado todavía medidas para hacer frente a la crisis inflacionista. El socio minoritario de la coalición gubernamental lleva días apremiando a construir un nuevo «escudo social». Su última propuesta es una ayuda directa de 300 euros anuales para «todos los usos energéticos» que recibirían las unidades de convivencia con una renta que no supere los 70.000 euros brutos anuales y financiada con cargo al Presupuesto.
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