Juan Carlos I paga 680.000 euros a Hacienda para evitar una causa judicial

Esta regularización se refiere al uso de tarjetas opacas por parte de miembros de su familia durante al menos tres ejercicios: 2017, 2018 y 2019. Fuentes consultadas indican que la cantidad regularizada podría ascender hasta el millón y medio de euros. Este caso está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo junto a dos diligencias más: la transferencia de 65 millones de euros que hizo a su examante Corinna Larsen en 2012, «como muestra de gratitud», antes de su abdicación y los diez millones de euros aparecidos en una cuenta en el paraíso fiscal británico de Jersey presuntamente vinculados al exjefe del Estado, aunque su defensa lo niega.

En el comunicado conocido este miércoles, el abogado de don Juan Carlos, Javier Sánchez-Junco, recalcó que su cliente «continúa, como siempre lo ha estado, a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportunos». Una declaración de intenciones en línea con otros comunicados, que deja la puerta abierta a un posible regreso del padre de Felipe VI desde su 'exilio' de Abu Dabi, donde se fue a principios de agosto empujado por sus problemas judiciales.

En el caso de las citadas tarjetas de crédito de las que hacían uso integrantes de su familia –en ningún caso los reyes Felipe y Letizia–, desde el entorno de don Juan Carlos defienden que se enmarca en un «regalo» del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, a quien pertenecen estos fondos y cuyo movimiento no había dado cuenta el rey emérito a la Agencia Tributaria en los citados ejercicios.

La operativa destapada consistía en que el dinero gastado en asuntos personales se giraba a la cuenta de quien fue ayudante de campo del emérito durante más de una década: el teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga, quien utilizando sus propias tarjetas de crédito administraba esos fondos que después, presuntamente, satisfacía el empresario mexicano.

Con el anuncio de este miércoles, el siguiente paso del equipo legal será comunicar a la Fiscalía la declaración voluntaria ante Hacienda y evitar así que este organismo le enviase un requerimiento previo. El delito fiscal se produce cuando los fondos no declarados superan los 120.000 euros en cada ejercicio.

Fue a principios de noviembre, apenas unos días después de que se confirmara que la Fiscalía del Supremo preparaba para antes de final de año el archivo de las diligencias abiertas en junio por las presuntas comisiones del AVE saudí, cuando se supo, por una filtración a un medio digital, que Anticorrupción investigaba a don Juan Carlos por el uso de tarjetas opacas a nombre de terceros para gastos personales.

La publicación de la noticia no tardó entonces en ser confirmada por la Fiscalía General del Estado a través de un comunicado. Son las diligencias de Anticorrupción 12/2019 y se habrían hallado indicios de delito del emérito tras los informes enviados por Hacienda y el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac).

Ahora, a diferencia de ocasiones anteriores, don Juan Carlos ha reconocido el uso de esas tarjetas y se ha acogido al artículo 305.4 del Código Penal que prevé la regularización de la situación fiscal siempre que se produzca antes de que la Administración Tributaria notifique que ha iniciado investigaciones o de que se pueda tener constancia de que se ha iniciado un proceso judicial. La norma, aclara José María Mollinedo, de Gestha, también marca que se libera de responsabilidad siempre que la regularización sea completa y veraz respecto a los años de los que se trate. Si se descubre alguna irregularidad más, la cantidad pagada ahora -los casi 680.000 euros- se considerará a cuenta de las nuevos abonos a realizar.

Según fuentes consultadas, a partir de la deuda asumida, se puede inferir que la cantidad regularizada puede oscilar entre el millón -si lo ha declarado como un incremento de patrimonio no justificado en el IRPF y ha tributado en función de la base general- y el millón y medio de euros -si ha tributado por IRPF, pero al tipo de la base del ahorro-.

Mollinedo señala que en la primera opción, la cantidad regularizada sería de 1,2 millones, asumiendo que la cifra se reparte a partes iguales en tres años. Y similar si se refiere a un ejercicio. No hay que descartar que lo haya declarado como una donación. En ese caso, el monto regularizado estaría en un punto entre las dos cifras anteriores.

Una de las claves que resolverían si ha tributado por IRPF o por donaciones sería saber en qué Administración ha realizado la regularización, si en la Agencia Tributaria –el IRPF es estatal–, o si en la hacienda madrileña –donaciones es un tributo autonómico–. Eso no se aclara.

Lo más probable, indican los expertos fiscalistas, es que lo haya declarado como ganancia patrimonial no justificada y lo haya tributado en la base general del IRPF, cuyo tipo es más alto que en la del ahorro: dentro de la estrategia general de defensa del monarca la forma de declarar es un elemento más.

Según Mollinedo, de esos casi 680.000 euros abonados, entre 540.000 y 525.000 euros corresponderían a la cuota del impuesto; alrededor de 100.000 euros, al recargo por extemporaneidad; y el resto, a intereses de demora.