El Gobierno aprueba la ley de memoria y cierra el círculo abierto con la exhumación de Franco

La intención del Gobierno siempre ha sido, en línea con el camino apuntado por la normativa anterior, dar una nueva finalidad al monumental recinto que, hasta noviembre de 2019, acogía los restos del dictador. En paralelo a la tramitación de la norma, tiene ahora previsto elaborar un real decreto ley que establecerá su nuevo marco jurídico y la expulsión definitiva de los benedictinos encargados de su gestión. Los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, hoy junto al altar, también serán reubicados con el resto de víctimas o en otro lugar designado por la familia.

El CGPJ advirtió de que la intención de prohibir cualquier fundación que tenga entre sus fines la apología del franquismo, como apuntaba el anteproyecto de la ley, podía colisionar con la libertad de expresión salvo que ese enaltecimiento conlleve «una lesión de derechos o bienes de relevancia constitucional». Para intentar salvar ese escollo, el texto que se aprobará hoy apunta a quienes actúan «con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas o incitación al odio».

Los actos de exaltación de la guerra civil o la dictadura que supongan «descrédito, menosprecio o humillación» de los represaliados o de sus familiares, o la convocatoria de actos, campañas de divulgación o publicidad que sean contrarios a la normativa serán ahora castigados con multas de 10.000 a 150.000 euros. Pero la ley recoge un completo régimen sancionador que implica cuantías similares o menores para otras infracciones, en función de su gravedad. No retirar simbología franquista, por ejemplo, puede conllevar la obligación de pagar entre 2.000 y 10.000 euros.

La búsqueda de personas desaparecidas en la guerra o en la dictadura ya no corresponderá a las entidades memorialistas sino a la Administración General del Estado. Además, se crea el banco nacional de ADN de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo «para su identificación mediante la recepción de sus muestras biológicas y la de sus familiares».

En 2007 el Gobierno no se atrevió a declarar nulos los juicios del franquismo por temor a una avalancha de reclamaciones pecunarias. Ahora se dará el paso de anular condenas -el Gobierno prometió hacerlo, por ejemplo, con la del expresidente de la Generalitat Lluís Companys- aunque la ley no reconoce derecho a indemnización. El texto también contempla la retirada de títulos o condecoraciones otorgados por Franco y la creación de la figura del fiscal de sala que podrá impulsar la búsqueda de desaparecidos e investigar violaciones del derecho internacional.