El Gobierno aprobará este mes la reforma constitucional para restringir los aforamientos

A falta de conocer el detalle del proyecto, el Gobierno tiene muy complicado sacar adelante la propuesta anunciada por Pedro Sánchez en septiembre. El PP rechaza «las prisas» gubernamentales y quiere más tiempo para estudiar en profundidad la reforma constitucional. Ciudadanos también se opone porque considera que «blinda» los delitos de corrupción al mantener el aforamiento para las actividades del cargo público. Tampoco Podemos está por apoyar puesto que no incluye a los miembros de la Casa del Rey.

Como toda reforma constitucional requiere el respaldo de tres quintos de los miembros del Congreso y del Senado. Una mayoría cualificada que obliga al Gobierno a contar con el apoyo de, al menos, el PP. Pero los populares cuando Sánchez lanzó la propuesta, además de denunciar que era una argucia para que los líderes del 'procés' no fueran juzgados en el Supremo, reclamaron una documentación jurídica muy amplia con informes del Consejo de Estado, que ya está elaborado, del Consejo General del Poder Judicial y de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia sobre «el régimen de los aforamientos en España, su adecuación a la Constitución, su origen, justificación y las reformas necesarias para la limitación y, si procediera, supresión de todos los aforamientos». De momento, no hay cambios en su posición.

El Gobierno pretende modificar los artículos 71.3 y 102.1 que recogen el aforamiento del jefe del Ejecutivo, sus ministros, los diputados y los senadores ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La reforma establecería que solo se conserva este blindaje judicial para los delitos «en el ejercicio de las funciones propias del cargo», no para los ilícitos que pudieran cometer como ciudadanos. La iniciativa deja fuera, entre otros, a los diputados autonómicos, aforados por sus estatutos de autonomía; jueces y fiscales, cuyo estatus está regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial; y los policías y guardias civiles, protegidos por la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En total, hay casi 250.000 aforados, de los que 232,000 son agentes policiales y 17.603 cargos públicos políticos o judiciales. Con la iniciativa de Sánchez, poco más de medio millar de altos cargos verían limitado su estatus judicial.

El Consejo de Estado en su informe, aprobado casi por unanimidad, solo votó en contra uno de la treintena de sus miembros, recomienda que para «homogeneizar» la situación el Gobierno o las Cortes Generales impulsen en el plazo de un año cambios legales para que esta limitación de los aforamientos se extienda al resto de los beneficiados. La portavoz gubernamental, Isabel Celaá, dejó en el aire si el Ejecutivo hará suya la recomendación.