El Gobierno se apoya en el PP para salvar la ley de seguridad nacional

La ley de seguridad nacional no es una ley cualquiera para los independentistas por una sencilla razón: está pensada para dotar al Estado de los instrumentos necesarios para hacer frente a situaciones de crisis y, como dice en su preámbulo, entre otras cosas, «garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales». El enunciado es ambiguo y daría para múltiples interpretaciones. Pero durante el desafío secesionista de 2017 siempre estuvo en el aire la posibilidad de utilizarla para impedir la celebración del referéndum ilegal porque, en principio, faculta al Ejecutivo a dar órdenes directas a todos los funcionarios del Estado, incluidos policías autonómicos y locales. Para ello bastaría con que el presidente declarara una «situación de interés para la seguridad nacional» sin necesidad de contar con el Congreso.

La norma fue consensuada en 2015 entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el PSOE, ya liderado por Pedro Sánchez. Entonces también se especuló con que podría utilizarse frente a desafíos como el que en ese momento protagonizaba Artur Mas. Lo cierto es que Rajoy nunca lo hizo, ni entonces ni luego. Llegado el momento, el Ejecutivo popular argumentó que la ley estaba en realidad ideada para enfrentarse a catástrofes naturales, situaciones de vulnerabilidad energética, ataques terroristas u otras emergencias.

La reforma que ahora impulsa el Ejecutivo tampoco toca, en realidad, esas cuestiones que tanto revuelven a fuerzas como Junts, Esquerra, EH-Bildu o incluso el PNV. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se empeñó en defender durante el debate de totalidad que su único propósito es completar el texto y regular la aportación de recursos públicos y dotar al Estado de «herramientas para adelantarse a las crisis» aprovechando lo aprendido en la pandemia, en la que fue palmaria la necesidad de «reforzar capacidades» y reducir la dependencia del exterior en asuntos vitales como la producción de medicamentos o de energía. Pero de poco le sirvió.

Esquerra había presentado una enmienda en la que pedía la derogación de la ley completa, y otra en la que reclamaba la devolución del proyecto actual. Junts registró una tercera enmienda de totalidad. Y ambos partidos las defendieron ardorosamente con no pocas referencias al ‘caso Pegasus’. «Cuando algunos Estados tienen el objetivo fulminar algún movimiento político que molesta –argumentó la portavoz del partido de Carles Puigdemont, Miriam Nogueras– suele calificarlo de problema de seguridad nacional y entonces utilizan leyes como esta y justifican la violencia y la prisión y algo que está muy de moda que es el espionaje». La republicana Monserrat Bassa no fue más suave. «Es un 155 encubierto. Para aprobar una ley represiva no cuenten con ERC, cuenten más bien con Vox» dijo.

Vox, sin embargo, tampoco apoyará al Gobierno. Este jueves, votó en contra de las enmiendas independentistas pero no está dispuesto a más. «En un Estado donde el Gobierno fuera leal a la ley y no sometido a intereses de golpistas y terroristas sería bueno un proyecto de ley como el que proponen –adujo el diputado Javier Ortega Smith– Pero con uno como el de ustedes es impensable el apoyo». También Ciudadanos dio por cercenada toda posibilidad de entendimiento tras la destitución de la jefa del CNI.

Feijóo ya había avanzado que el PP sí facilitaría la tramitación de la ley y para negociarla. El diputado Juan Antonio Calleja, con un tono muy duro, confirmó la posición. Los peros de los populares a la reforma coinciden con los reproches que hizo el Consejo de Estado, para el que resulta abusivo que, ante un estado de crisis, se puedan imponer «prestaciones personales» sin indemnización a cualquier mayor de edad. «Queremos una Ley de Seguridad Nacional que proteja a los españoles de un Gobierno como el de ustedes. Le pido que coja la mano del PP, negociemos artículo por artículo -dijo a Bolaños–, y tengamos sentido de Estado para una ley necesaria».