El Gobierno apela a Europa para justificar la reforma penal que favorecería a Junqueras

El argumento de la número dos del Ejecutivo no dista mucho de las tesis que habitualmente maneja el independentismo para desacreditar a la justicia española ni del planteamiento realizado la semana pasada por Pablo Iglesias, cuando afirmó que «muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces» y que eso es «una humillación» para España; valoración rebatida por el Consejo General del Poder Judicial en un comunicado que suscribieron de manera unánime todos los miembros (progresistas y conservadores) de su comisión permanente.

La vicepresidenta se refirió en concreto a la polémica resolución del tribunal regional de Schleswing-Holstein que en 2018 denegó la extradición de Carles Puigdemont por rebelión o alternativamente sedición y accedió únicamente a entregarlo para ser juzgado por malversación. Calvo adujo en la Cadena Ser que «hay que acompasar» el ordenamiento jurídico español a sentencias como esa. «Hemos vivido una situación en Europa que nos ha mandado un mensaje de que hay que hacer algo», insistió.

El argumentario del Gobierno sugiere que el problema, en ese caso, estuvo en que los delitos de rebelión y sedición no tienen parangón en el ordenamiento jurídico alemán. En realidad, sí contiene tipos penales semejantes, los de perturbación del orden público y alta traición, respectivamente. Pero el tribunal de Schleswig-Holstein consideró que el expresidente de la Generalitat no había incurrido en el grado de violencia inherente a ellos, según la jurisprudencia del país.

En su día, de hecho, el juez Pablo Llarena expresó su malestar porque entendía que la corte alemana se había excedido en sus competencias entrando a enjuiciar el fondo del asunto en lugar de limitarse a analizar, como a su entender, exigía el mecanismo de la euroorden, si la descripción de los delitos en uno y otro país eran homologables.

En todo caso, lo que vale para Alemania no valdría, por ejemplo, para Bélgica, donde ahora se encuentra Puigdemont. En Europa no hay dos Códigos Penales iguales y Calvo no aclaró cuál considera el Ejecutivo que habría que tener como referente para, supuestamente, evitar en el futuro situaciones similares.

Lo que es evidente, en cambio, es que una modificación a la baja de las penas por sedición beneficiaría directamente al líder de Esquerra, Oriol Junqueras, y a los otros condenados por sedición en el juicio del procés, porque en derecho penal funciona la retroactividad de la norma más favorable al reo. Pero la vicepresidenta se afanó en negar el menor vínculo entre los planes del Gobierno y sus consecuencias directas. «Eso –llegó a decir–será asunto de la Justicia. El Gobierno puede hacer una reforma pero no es quien la aplica».

En su empeño por desmentir que la novedosa idea tenga que ver con la negociación abierta con Esquerra Republicana de Catalunya para la investidura, la dirigente socialista aseguró también que el asunto no formará parte «en absoluto» ni de la mesa de diálogo que el PSOE aceptó crear entre el Gobierno y la Generalitat ni de la reunión que, en principio, mantendrán a principios de febrero el jefe del Ejecutivo y Quim Torra. La portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, afirmó el martes, no obstante, lo contrario.

Calvo, apuntó que el asunto se llevará directamente al Congreso de los Diputados. No está claro si como proyecto de ley del Gobierno, lo que obligaría a pedir el informe preceptivo a un CGPJ pendiente de renovación y aún con mayoría conservadora, o si, como sugirió hace dos días la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, como proposición de ley de alguna fuerza parlamentaria; del PSOE, de Unidas Podemos o de las secesionistas.

La oposición frontal de la derecha, en todo caso, está cantada. Según el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, porque «tiene una visión del derecho penal muy basada en el escarmiento, una concepción de antes del siglo XVIII».