El Gobierno avisa a Aragonès de que poner fechas al referéndum «no es el camino»

Los prolegómenos de la mesa del diálogo empiezan a difuminar la sensación de que hay sintonía entre la Moncloa y el Palau de la Generalitat. La ministra Isabel Rodríguez respondió sin medias tintas a Aragonès que poner un calendario previo no es la mejor forma de encarar la reunión. No facilita «el reencuentro» y «no es la forma que queremos transitar en las relaciones con Cataluña», señaló la portavoz. El Gobierno, añadió, tiene «toda» la disposición para el diálogo pero no va a comulgar con ruedas de molino soberanistas antes siquiera de sentarse en torno a la mesa.

La referencia al calendario no solo sentó mal en el Ejecutivo de Sánchez, tampoco fue bien recibida por las fuerzas independentistas. Desde Junts ven la fecha «tardía» porque esperar nueve años para votar la segregación de España supone esperar «demasiado». Se quejaron además de que Aragonès haya ido por libre porque ese asunto no se ha abordado en las conversaciones con Esquerra. El PDeCAT también se protestó porque lo sustantivo es «llegar a acuerdos y no ponerse fechas limitatorias».

El Govern, que celebró este martes su primera reunión tras las vacaciones de verano, evitó polemizar sobre los plazos dados por Aragonès pero sí presionó sobre la agenda de la reunión con la Moncloa. La presencia de la autodeterminación y la amnistía entre los asuntos a debatir es «innegociable», puntualizó la portavoz, Patrícia Plaja. Lo mismo dicen, pero en sentido opuesto, en el Gobierno de Sánchez. «La desintegración de los territorios» no cabe en la Constitución ni en la legislación de la Unión Europea, recordó la ministra portavoz.

Un comentario insuficiente para el líder del PP, que tachó de «aberrante mesa de póker» el foro de diálogo entre ambas administraciones. Pablo Casado, de visita en Barcelona, dio por sentado que se va a hablar de autodeterminación, «como si Cataluña fuera una colonia», y de amnistía, «como si España fuera una dictadura». La responsabilidad de que la agenda incluya ambos capítulos, según Casado, no es de los independentistas, es de Sánchez, que busca «un puñado de votos (de Esquerra) para aprobar los Presupuestos». El presidente del Gobierno, prosiguió, está dispuesto a lo que sea para conseguirlos, como hizo con los indultos, que fueron «el pago en diferido» por la investidura.

Mientras la Moncloa y la Generalitat discuten el orden del día de la reunión, sigue en el aire la presencia de Sánchez. El Ejecutivo catalán la considera imprescindible pero el Gobierno mantiene la incertidumbre. Rodríguez dejó sin respuesta dos preguntas sobre al asunto. Tampoco aclaró nada sobre la fecha, aunque desde Barcelona apuntaron que se celebrará allí el 16 o 17 de septiembre.

Pero el toque de atención a Aragonés por hablar de 2030 no fue el único mensaje dirigido a la plaza de Sant Jaume. El ministro de Presidencia cerró este martes la puerta reformar este año el Código Penal para tipificar de otra manera los delitos de sedición y rebelión. «No es prioritario. En el futuro, iremos viendo», sentenció Félix Bolaños.

El ministro no dio razones para este cambio de planes, más allá de señalar que la agenda legislativa está muy cargadas hasta fin de año con 50 compromisos con la Unión Europea, pero sin duda la explicación está en la falta de apoyos para sacar adelante los cambios en el Congreso. Las fuerzas soberanistas presionan al Gobierno para la supresión de ambos tipos penales. Su eliminación permitiría el retorno a España de Carles Puigdemont y sus compañeros de fuga en Bélgica, que tendrían que enfrentarse solo al cargo de desobediencia por no acudir a las citaciones judiciales.

Los socialistas tampoco cuentan con el respaldo del PP y el resto de la oposición para encarar esos cambios en el Código Penal. Casado anunció este martes mismo en la capital catalana que su partido llevará al Congreso un paquete de medidas para aprobar el delito de referéndum ilegal, prohibir los indultos para los delitos de sedición y rebelión, y aprobará un delito de rebelión impropia que no requiere violencia, similar al delito de «alta traición» que existe en otros países europeos.