El Gobierno avisa a PP y los nacionalistas de que no hay alternativa a la prórroga

La gestión de la emergencia sanitaria ha ido provocando una desconfianza creciente en algunos grupos clave dentro de la mayoría que respalda al Gobierno. Es el caso de Esquerra Republicana de Catalunya y el PNV. La formación republicana, el principal puntal para una eventual aprobación de Presupuestos para el 2021, amenaza con transformar su abstención en un rotundo rechazo. Su portavoz Marta Vilalta exigió a principios de semana al Gobierno la «descentralización» de competencias para tomar decisiones más territorializadas en la gestión del desconfinamiento. La misma exigencia que reclama el PNV para no tumbar el plan del Ejecutivo. Los nacionalistas echan en falta «un diálogo leal y colaboración» con las instituciones vascas para abordar la desescalada.

Con el apoyo de ambas formaciones pendiente de un hilo, y con el rechazo confirmado de JxCat, la CUP y Vox y la abstención de EH Bildu, la responsabilidad de sostener la estrategia de Sánchez recaería en el PP, que exige un cambio de rumbo en el proyecto de desconfinamiento para secundar otra prórroga. «Es muy negativo. Es un plan de descalabro, un sudoku que nadie entiende», lamentó este domingo su líder Pablo Casado tras reunirse con organizaciones patronales de hostelería de España y de Madrid.

La formación conservadora insiste en que el proyecto avanzado por el Ejecutivo tiene lagunas y recrimina al presidente no haberlo consensuado con las autonomías. De momento, la dirección del PP no tiene decidido el sentido de su voto e insiste en que esperaran a conocer el decreto que presentará Sánchez antes de cerrarlo, aunque no son optimistas.

En Moncloa no se dejan arrugar por las advertencias de unos y otros y alertan a la oposición de que no volver a apoyar el decreto supondría «volver atrás». «No tendría ningún sentido que todo el esfuerzo realizado no pudiera continuarse. No se entendería y confío en que las fuerzas políticas apoyen el estado de alarma», aseveró la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

De no prolongarse la alarma decaerían, además, todas las medidas decretadas. «Las comunidades no tendrían por qué recibir órdenes del Gobierno a la hora de gestionar la crisis y se acabarían las restricciones de movimiento», explica Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, que califica este escenario como de «muy grave».

Según señala el jurista, el mando único desaparecería y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, perdería su condición de autoridad delegada «y de ninguna manera podría seguir dictando órdenes ministeriales». Esto significa que, por ejemplo, dejarían de tener validez sus recomendaciones en cuanto al número de UCI que deben tener disponibles las autonomías para pasar de fase porque «la única cobertura legal que tienen estas decisiones es el propio estado de alarma», sostiene Juan José Solozábal, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense.

Si el Gobierno no consigue el miércoles el respaldo del Congreso para prorrogar quince días más el estado de alarma tendría una única salida para mantener su plan de desescalada: declarar uno nuevo en cuanto acabe el plazo actual, el próximo 9 de mayo. En ese caso, según lo expertos, no necesitaría la mayoría simple del Congreso hasta pasados otras dos semanas más. «Pero esto sería un fraude para evitar el control parlamentario», asegura Solozábal.

Otra posibilidad que queda descartada desde el punto de vista legal es la de pasar directamente al estado de excepción, que además de requerir una mayoría absoluta en la Cámara baja, tampoco estaría contemplada en la Constitución para este caso. «Solo se permite –advierte Tajadura– para crisis de orden público y una epidemia no encaja ahí».