El Gobierno admite que la situación del CGPJ afecta ya a la reputación de España

En el Gobierno admiten ya de forma expresa que la falta de renovación del órgano de gobierno de los jueces puede afectar a la «reputación» de España tanto en el ámbito europeo como internacional. Lo dijo la portavoz del Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez, durante su habitual comparecencia de los martes en la Moncloa, en la que, además, expresó su «preocupación» por ese hecho. Pero aun así, negó la más mínima responsabilidad de los socialistas. «Es escandaloso que el PP no haya dado una respuesta aún», alegó.

El PSOE hace hincapié en que lo primero que pide Bruselas es que se proceda de una vez a la renovación de una institución que lleva desde diciembre de 2018 con el mandato caducado. El PP supedita desde hace meses esa negociación a que el partido gubernamental acceda a cambiar la ley para que, en el futuro, sean los jueces quienes elijan directamente a doce de los viente vocales del Consejo, como ocurría antes de 1985 y como se reclama tanto desde la UE como desde algunas asociaciones judiciales.

A ojos del PSOE, la exigencia de los populares es una mera excusa. «Lo que hay –alegó el nuevo portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez– es una clara voluntad de convertir la renovación en un instrumento político contra el Gobierno, porque si no no se explica que tampoco entren en la renovación de otros órganos como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo».

Gómez aseguró que, una vez se renueve el Poder Judicial con la ley en vigor, algo que estuvo a punto de conseguirse en febrero, su partido estará «encantado» de atender esas «recomendaciones» hechas desde Bruselas y desde el mundo de la judicatura, pero, matizó, que lo hará «desde una perspectiva amplia». «Primero renovar y luego entablar diálogo, pero siempre respetando la mayoría parlamentaria salida de las urnas», insistió.

Por lo pronto, este martes los socialistas se opusieron a la mera toma en consideración de una proposición de ley llevada al pleno del Congreso por el PP para conceder a los jueces el voto directo en la elección de los vocales y, entre otras cosas, ampliar el sistema de mayorías reforzadas de tres quintos (que ellos mismos rebajaron cuando tenían mayoría absoluta) a todas las decisiones del Consejo. Y tampoco parece que estén dispuestos a privar al Congreso y el Senado de la potestad de designar a los representantes del Consejo General del Poder Judicial en el futuro.

El ministro de Presidencia dejó claro hace unas semanas que no consideraba democrático que «los jueces elijan a los jueces». Este martes, tras reunirse con la portavoz del PP, Cuca Gamarra en su entorno insistieron: «El cumplimiento de la ley no se puede someter a condición. No se puede incumplir una ley porque un partido que no tiene mayoría parlamentaria ha decidido cambiar de opinión y ahora desea imponer a la mayoría su voluntad».