El Gobierno acelera la tramitación del impuesto a la banca y a las energéticas

Una vez se admita su toma en consideración, la intención de los socios de coalición es tramitar la medida de manera urgente y que el nuevo gravamen quede aprobado antes de que finalice el año para atraer al bloque de investidura a la negociación de las Cuentas de 2023. Se abrirá un plazo de 15 días para presentar las enmiendas a la totalidad o vetos; a continuación, se habilitará otro plazo de una semana para presentar enmiendas parciales tras el cual se celebrará la ponencia y luego ya el dictamen de la comisión. Para finales de octubre el proyecto de ley podría estar aprobado en el Congreso, y para mediados de noviembre en el Senado y pasar directamente al BOE si no se acepta ninguna enmienda.

El Gobierno de coalición ha decidido priorizar esta iniciativa con la que confía en recaudar 7.000 millones en los dos próximos años, en un momento en el que el presidente Pedro Sánchez ha incrementado sus críticas a la actitud de las grandes entidades financieras y compañías energéticas que están registrando enormes márgenes de beneficios en un momento marcado por la incertidumbre económica, con la inflación desbocada. «He escuchado a algunos dirigentes de bancos, a la señora Botín, al señor Sánchez Galán –presidente de Iberdrola–, y si protestan, es que vamos en la buena dirección», afirmó Sánchez en julio tras avanzar en el debate sobre el estado de la nación la iniciativa.

PSOE y Podemos plantean un gravamen temporal del 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones netas de los bancos con ingresos superiores a los 800 millones de euros con el que esperan transferir a las arcas públicas 1.500 millones al año. En el caso de las energéticas el impuesto se aplicará durante dos años, sobre los beneficios registrados en 2022 y 2023, con objetivo de recaudar 2.000 millones por ejercicio. El sector da por descontado la aprobación del gravamen pero creen que existen resquicios para evitar el pago y todo apunta que acabarán peleándolo en los tribunales.

La tramitación de ambos impuestos ha suscitado también controversia entre los partidos de la derecha al ser registrados como proposición de ley eludiendo así a los órganos consultivos cuya opinión no es vinculante, pero que el Ejecutivo está obligado a escuchar previamente cuando se trata de un proyecto suyo. El grupo que mantiene una mayor beligerancia es Ciudadanos, que incluso ha denunciado la actuación del Gobierno ante el Banco Central Europeo. «Infringe el derecho europeo», aseguró el pasado miércoles el vicesecretario general, Edmundo Bal, que justificó que las empresas tienen la obligación de repercutir todos sus costes (impuestos incluidos) a los clientes para «no incurrir en competencia desleal».