El Gobierno abre la mano en la interpretación de su último decreto ante el malestar causado

Está aún por ver que los argumentos del Gobierno sirvan, por ejemplo, para cambiar la posición del PNV, que hasta ahora había apoyado todas las decisiones tomadas por Pedro Sánchez para frenar el avance del coronavirus, o del PP, que pese a su tono crítico había ayudado a convalidar todos sus decretos. El lunes ambos advirtieron de que en este caso se opondrán. En todo caso, para una parte de la industria el cambio es significativo.

Calviño explicó que, al amparo del artículo 4 del texto que vio la luz casi al filo de la media noche del domingo, se permitirá a las empresas dedicadas a actividades que no estén prohibidas por el estado de alarma mantener un retén de trabajadores para preservar «aquellos procesos productivos industriales que no puedan reiniciarse» tras un parón; «evitar perder clientes, por ejemplo, fuera de España» o gestionar el «stock para importación». Esa nueva lectura concede un balón de oxígeno a sectores clave para la economía de comunidades como la vasca o la asturiana, dos de las más beligerantes.

El Gobierno, además, trató de mostrar cierta empatía con las autonomías a través de su portavoz, María Jesús Montero. La también ministra de Hacienda respondió a las críticas recibidas en los últimos días por la unilateralidad con la que actúa el gobierno amparándose en lo complejo de la situación y en la necesidad de tomar decisiones al «ritmo vertiginoso» que demanda la emergencia sanitaria . Y adujo que ella misma llamó personalmente a todos los presidentes autonómicos el sábado por la tarde, el día en el que se tomó la decisión de endurecer las medidas de confinamiento. Pero se comprometió a seguir «estrechando la coordinación».

Superados los quince días en una situación de excepcionalidad, el escrutinio político al Gobierno se agudiza. La semana pasada Sánchez ya se topó con una postura crítica de quienes le ayudaron a superar la investidura. No es ya que ERC o Bildu no apoyaran la prórroga del estado de alarma y optaran por la abstención, es que el PSOE perdió la votación en la que quiso evitar que uno de los decretos aprobados para paliar los efectos económicos de la pandemia se tramitara como proyecto de ley. El conjunto de la izquierda, salvo sus socios de Unidas Podemos, exigió poder enmendarlo por su corte liberal y la derecha lo denunció por llevar añadido el cambio legal que permitirá a Pablo Iglesias sentarse en la comisión que controla el CNI.

En ese mismo pleno, las formaciones de izquierda también reclamaron el cierre de toda actividad económica no esencial y eso debería garantizar al Gobierno los votos para convalidar su último decreto. Pero, pese a ser uno de sus principales instigadores, Esquerra no dudó este lunes en tildar el texto de «chapuza jurídica».

Aunque en el PSOE creen que no les dejarán solos, también empieza a cundir cierta preocupación porque se considera que, de alguna manera, en esta crisis está habiendo problemas de comunicación de los que Unidas Podemos trata de sacar tajada. «La gente ha percibido que hay dos Gobiernos y que Pedro es rehén del segundo», se lamentaba hace unos días un veterano. En la Moncloa admiten que puede ser así. Dicen que ahora no hay tiempo para entrar en esas batallas porque la prioridad es otra, pero reconocen algún malestar ante una actitud que les dibuja en permanente pugna interna y a remolque de sus socios en lo que a políticas de corte social se refiere.

El hecho de que el propio Ejecutivo parezca dividido en un momento como el actual resta enteros. Eso explica que este martes, tras el Consejo de Ministros y para contrarrestar esa imagen, comparecieran junto a la ministra portavoz Iglesias y Calviño, exponentes de las dos almas del Gobierno. Con lenguaje distinto, pero un discurso similar, una y otro dieron los últimos detalles de lo que ya han bautizado como «escudo social» frente a la crisis.