Gallardón y su gobierno, investigados por el Canal

El juez entonces de refuerzo en el juzgado de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, se opuso a ampliar las pesquisas más allá de la etapa de Ignacio González en el Canal (2003-2012). Pero tras recurrir los fiscales, la Sala de lo Penal resolvió en enero que la petición de los fiscales era correcta y daba su aprobación para investigar la compra en 2001 de Inassa, la filial del Canal en Sudamérica, por 83 millones de dólares cuando valía menos de diez.

También resulta llamativo que el Gobierno de Gallardón diera su aprobación para que se creara una sociedad interpuesta, Canal Extensia, para esta compra y se utilizara una segunda mercantil radicada en Panamá, llamada Aguas de America S. A., para realizar los pertinentes pagos y que después fue disuelta.

Para justificar el sobreprecio se hizo una concesión de 30 años por el servicio de aguas de la localidad colombiana de Barranquilla, cuando normalmente se hacía por cinco. Al llegar González al Canal pidió una auditoría al despacho Cuatrecasas, que alertó de las irregularidades. Pero éste no solo lo guardó en un cajón, sino que utilizó la misma técnica en 2012 para la compra de la sociedad brasileña Emissao, que pudo dejar un agujero de 25 millones de dólares.