Así serán las Fuerzas Armadas con el 2% de gasto en Defensa

El compromiso del Gobierno para equiparar la inversión en seguridad y defensa a la media de la OTAN tendrá un efecto dinamizador en el desarrollo de las capacidades futuras de la Fuerzas Armadas y el fortalecimiento de la industria militar española. El Estado Mayor de la Defensa ya trabaja con el horizonte 2035 para conseguir un ejército equilibrado, viable y sostenible, que se mantenga a la vanguardia de la tecnología. Pero, ¿cómo serán estos cambios y cómo afectarán a los soldados? Los sistemas de armas dependen de la investigación, el desarrollo y la innovación. La cooperación estrecha entre industria, universidad y Fuerzas Armadas será esencial, y la transformación digital en todos los ámbitos permitirá alcanzar la digitalización del campo de batalla.

El contexto de seguridad actual se presenta cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo. Una circunstancia que obliga a agilizar esta transición, de ahí la buena noticia que supone el incremento del presupuesto para los próximos años. Del mismo modo, en el entorno operativo se hará un uso cada vez mayor de los ámbitos ciberespacial, cognitivo y del espacio exterior, con un mayor número de actores en liza no solo estatales. Además, se impondrán estrategias de anticipación, prevención y disuasión sobre las de reacción y respuesta. Y la gestión de la información, la desinformación y la superioridad en los procesos de toma de decisiones ya están transformando las misiones militares actuales. Así serán las Fuerzas Armadas en la próxima década:

De todas las crisis surgen oportunidades y la invasión rusa de Ucrania ha abierto una nueva etapa en la Unión Europea con el consenso de los socios para potenciar la inversión en seguridad y defensa. El compromiso del presidente Pedro Sánchez con los aliados de la OTAN, adquirido en la pasada cumbre de Madrid, consiste en alcanzar el 2% del PIB nacional en gasto militar hasta 2029. Este porcentaje supone duplicar el actual presupuesto del Ministerio de Defensa hasta alcanzar los 24.000 millones de euros anuales. Una cifra que equivale al coste de la revalorización de las pensiones para este año y el siguiente.

El primer gesto del jefe del Gobierno llegó en el Consejo de Ministros del martes 5 de julio. Se aprobó un crédito extraordinario de 1.000 millones a cargo del fondo de contingencia, que está controlado por Hacienda. El objetivo es atender los gastos extraordinarios de las Fuerzas Armadas ocasionados por la invasión de Ucrania. Una cantidad que se suma al habitual incremento del presupuesto militar por la aparición de eventualidades operativas a lo largo del curso, sobre todo de las misiones en el extranjero. Para este y otros cometidos ya se habían destinado otros 861 millones hasta mayo pasado. Por lo tanto, a los 10.155 millones presupuestados para 2022 -un 7,9% más con respecto a 2021- hay que sumar de momento 1.861 millones más. En total, 12.016 millones, aunque la proyección al finalizar el año va camino de los 13.000 millones de gasto público en Defensa. Un récord absoluto.

Por vez primera, menos de la mitad de la partida destinada a la Defensa (49,8%) se destina a cubrir el gasto de personal de las Fuerzas Armadas -compuesta por 139.855 militares en activo, personal civil y reservistas- y un 50,2% al material. Un cambio de tendencia de la serie histórica de presupuestos -hace una década, por ejemplo, el gasto de la plantilla se comió el 73%- que se va a acentuar en los años venideros en busca de un ejército equilibrado y sostenible (menos tropas pero mejor preparadas).

Dentro del capítulo de material, las inversiones reales consumen en la actualidad el 36% del presupuesto anual del departamento: 3.647 millones. En este capítulo se incluyen los programas especiales de armamento (PEAs), los grandes planes para la modernización de los ejércitos y la Armada con la fabricación de aeronaves, fragatas, blindados, carros de combate o satélites. Se trata de un pago anual incluido en las cuentas de Defensa para reducir a medio plazo la abultada factura adquirida con la industrica española desde principios de siglo y potenciar su competitividad. Este sector estratégico genera unos 60.000 empleos directos, contribuye al 1% del PIB nacional y exporta el 66% de sus productos, según la patronal TEDAE.

Además, para el gasto de operación y sostenimiento de las Fuerzas Armadas se destinan hoy 909 millones; al capítulo de personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismo adscrito al Ministerio de Defensa, se lleva 264 millones; y a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz gastan 210 millones. No obstante, esta última partida se incrementará este curso en unos 500 millones a través de la ampliación del crédito extraordinario. El mismo mecanismo elegido por el Gobierno para empezar a cumplir con el objetivo del 2% del PIB en inversión en Defensa.

El Ejército de Tierra se encuentra actualmente inmerso en un proceso de transformación que le permitirá hacer frente a las amenazas y retos presentes en los escenarios futuros de combate. En este campo, la digitalización va a constituir en un elemento esencial para la obtención de capacidades militares. Disponer de tecnologías de automatización en los procesos, sistemas logísticos y sistemas de armas será necesario para mantener las capacidades de disuasión y de respuesta. Los 74.000 efectivos de Tierra, cerca de 50.000 pertenecientes a la escala de tropa, trabajarán con la mente puesta en las nuevas tecnologías, que conllevarán la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) en la toma de decisiones.

En los próximos años, las unidades deberán actuar en entornos impredecibles, dinámicos, inestables y de creciente complejidad. Esto, unido a los rápidos avances tecnológicos, la posibilidad de acceso a tecnologías de uso civil y militar por parte de potenciales adversarios y amenazas, así como la hiperconectividad -influencia y omnipresencia de los medios de comunicación y redes sociales-, obliga a una evolución en el concepto de las brigadas y la dotación de un Sistema de Combate Integral.

Para desarrollar esta transformación se marca como horizonte 2035. El nuevo modelo de fuerza contempla una reducción de personal a partir de la progresiva incorporación de las nuevas tecnologías a las estructuras orgánicas (ver capítulo quinto sobre los reservistas). Entre la dotación de medios tecnológicamente avanzados se encuentran los de inteligencia (con RPAS -drones- y análisis 'big data') y la futura plataforma vehículo de combate rueda 8x8, el conocido 'Dragón', con elevada potencia de fuego que permitirá hacer frente con eficacia a la amenaza híbrida. El presupuesto de este año destina 620 millones para los programas de modernización de este ejército, que se incrementará de forma notable en los próximos ejercicios.

Además, la llamada «Fuerza 35» estará concebida para actuar en el amplio espectro del conflicto. Desde esfuerzos de menor intensidad, como apoyo a autoridades civiles, pasando por intensidades medias, como campos de batalla no lineales con grandes espacios y carencia de infraestructuras, hasta otros de mayor intensidad, como las áreas urbanizadas. Por último, los conflictos convencionales de alta intensidad incluyen el uso de sistemas de armas de última generación. En definitiva, las brigadas del futuro podrán enfrentarse de forma simultánea o sucesiva en su zona de responsabilidad a fuerzas convencionales hostiles, grupos terroristas o del crimen organizado.

La Armada mira al futuro en un entorno operativo que será complejo y caracterizado por la incertidumbre. Un área de operaciones con límites difusos, presencia generalizada de la población y con un componente tecnológico decisivo, según explican en la Jefatura del Estado Mayor. En este contexto la pieza básica de la actuación serán los navíos de escolta, dentro de un plan de modernización del material que se extiende hasta el año 2030. Así, el alto protagonismo de la industria española, encabezada por Navantia, en la ejecución de las fragatas F-110 dará paso en los próximos años a los modelos F-120 y otros futuros buques.

Con carácter general, los responsables de planificación prevén una gran evolución de los sistemas de combate para integrar un mayor número de sensores, armas y vehículos no tripulados (drones), lo que se traducirá en una demanda ingente de capacidades de conectividad e intercambio de datos. Para dotarse de las F-110 se aprobaron diez proyectos que constituyen una apuesta de I+D+i en la construcción naval, siempre en beneficio de la industria nacional, con el propósito de desarrollar tecnologías muy avanzadas en el sector de defensa y que permitirán consolidar y mantener su competitividad en el mercado internacional (en la cumbre de Madrid Pedro Sánchez mantuvo una reunión bilateral con su homólogo australiano para reactivar el intercambio comercial de material naval).

Entre los planes de la Armada están también la mejoras de las capacidades de los buques de guerra con acceso aéreo, el empleo de vehículos de alta velocidad y el despliegue de plataformas estables que aseguren las operaciones anfibias en cualquier estado climatológico. También destaca la ampliación de la adquisición de vehículos no tripulados y autónomos para obtención de inteligencia, conocimiento del entorno, reconocimiento de fondos y playas y tareas contra minas. En el campo de los submarinos, mientras se pone en marcha el S-80 ya se piensa en el S-90, que deberá de ser oceánico de ataque con propulsión anaeróbica (permite operar sin la necesidad de emerger a la superficie o tener que usar el sistema para acceder al oxígeno de la atmósfera). En el apartado de los navíos de patrulla, la Armada seguirá apostando por los polivalentes BAM (Buque de Acción Marítima).

Otro campo indispensable para cualquier marina es el de los cazaminas. Actualmente existe un plan logístico para modernizarlos y alargar su operatividad hasta el año 2030. Respecto a los helicópteros, la prioridad es la incorporación del NH-90, que tendrá dos versiones, una multipropósito naval embarcada, que potenciará y complementará las capacidades de las unidades de superficie en cometidos tales como antipiratería, evacuación de heridos, lucha antiterrorista, tráfico de armas o de migrantes, y otra de transporte de tropas.

Respecto al sustituto del cazabombardero Harrier II, se trabaja en un sustituto junto al Ejército del Aire, cada uno en la versión correspondiente. Y respecto a la Infantería de Marina se aconseja simplificar las servidumbres logísticas de los medios empleados y garantizar el máximo equilibrio entre su capacidad de proyección y su potencia de combate. Se pretende sustituir sus carros de combate por vehículos blindados de combate sobre plataforma 8x8 (Dragón) y se trabaja con Tierra en los vehículos de alta movilidad táctica (Vamtac), fabricado por la española Urovesa, que incluyen sistemas de armas de última tecnología.

El poder aéreo contribuye de manera decisiva a la Estrategia de Seguridad Nacional a través de sus capacidades militares para obtener un efecto indudable: proporcionar a la acción conjunta la libertad de acción en sus respectivas áreas de actuación (terrestre y marítima).

Dentro de la transformación de las Fuerzas Armadas cabe destacar que el Ejército del Aire y del Espacio ya ha comenzado un proceso de reorganización tanto en sus relaciones con la estructura operativa como en su ámbito funcional. Así, se ha adaptado desde dentro a las circunstancias actuales, sin por ello descuidar la eficacia de sus actividades en su función de asesor principal en materia aeroespacial.

Dentro de los planes de modernización, a los que este año se destinan 864 millones, destaca el programa del nuevo Eurofighter –se acaban de firmar 20 nuevos aparatos por 2.043 millones para sustituir al vetusto F-18 estadounidense en 2025–, el A-400M de transporte y el refuerzo de la seguridad espacial con la fabricación de satélites. La pretensión es que, con la nueva denominación del Ejército del Aire, se controle en esta rama de las Fuerzas Armadas la nueva Agencia Espacial Española. Otro programa destacado es el de los nuevos helicópteros de búsqueda y salvamento y la nueva flota de aviones de vigilancia marítima.

En el plano operativo, desde la Jefatura del Estado Mayor del Aire se subraya la necesidad de recuperar capacidades perdidas tras la crisis económica, como el transporte y el reabastecimiento en vuelo estratégicos, y de adquirir otras nuevas para encarar el horizonte 2030. En este cometido destaca la llegada del Predator B, que será el primer avión tripulado a distancia de nivel operacional y que supondrá un cambio muy significativo en todos los aspectos operativos, regulatorios y organizativos. En paralelo, se impulsarán en los próximos años nuevas áreas relacionadas con el ciberespacio, un nuevo dominio que afecta transversalmente a todos los demás.

En el plano industrial, el Gobierno se comprometió en el año 2021 a impulsar una serie de iniciativas con el objetivo de reforzar a todo el sector aeronáutico y sus empresas auxiliares en España. Fruto de ello se inició un proyecto relativo al futuro Sistema de Combate Aéreo por un importe de 2.500 millones a abonar en siete anualidades (249 millones este año). En este programa colaboran Alemania y Francia y pretende desarrollar el avión de combate de la próxima década pensado en los conflictos asimétricos.

Las Fuerzas Armadas disponen de unos 15.000 reservistas en la actualidad, 4.200 de los cuales son Reservistas de Especial Disponibilidad (RED). Se trata de militares que al cumplir los 45 años no han adquirido la condición de permanente y tienen que salir de las Fuerzas Armadas porque finaliza su contrato de larga duración, tal y como contempla la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería. Así, tras haber cumplido al menos 18 años de servicio, pueden estar hasta los 65 años con una retribución mensual de 677 euros, que es compatible con un sueldo procedente del sector privado. Aunque pierden su condición de militar podrían ser activados en situaciones de crisis en caso de que lo apruebe el Consejo de Ministros.

Dicho de un modo más sencillo: cada vez que un militar, soldado, marinero o cabo ha cumplido los 45 años y no ha conseguido ascender o lograr una plaza permanente están obligados a retirarse. En línea con otros países europeos para adelgazar y rejuvenecer la tropa y marinería, esta ley marcará el futuro a medio plazo de la institución, ya que se espera que en 2036 unos 50.000 soldados pasen a la lista de los RED, a quienes se puede activar cuando se precise.

El pasado año el Estado tuvo que abonar tres millones de euros a los 4.200 militares que colgaron el uniforme en activo, un gasto que crecerá de forma exponencial conforme pasen los años. De ellos, 213 son militares de complemento, oficiales con carrera universitaria y con una relación también temporal con las Fuerzas Armadas. Estos tienen una prestación de 1.287 euros al mes hasta los 65 años. La norma también contempla una serie de medidas para facilitar la inserción en el mercado laboral civil de los militares despedidos. Se trata de convenios con empresas, ayuntamientos y policías locales, aunque el Ministerio de Defensa debe potenciar una salida para un personal especializado y experimentado y que no repercuta en la moral de los soldados recién llegados.

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