Franco y las inmatriculaciones ponen a prueba la relación entre Estado e Iglesia

Al margen del destino final del cuerpo del dictador, el programa electoral con el que el PSOE se presentó a las generales de 2016 contiene una clara apuesta por la laicidad, a la que se debe sumar la aún más contundente de Unidos Podemos, que sin duda presionará durante los próximos meses para dar pasos en este sentido.

Los socialistas defienden, al menos sobre el papel, «denunciar los acuerdos de España con la Santa Sede» firmados en enero de 1979 y que vinieron a sustituir el concordato franquista de 1953. Entre otras medidas, se regulan la asignatura de religión en las escuelas, la colaboración del Estado para «el adecuado sostenimiento económico» de la Iglesia o los beneficios fiscales para entidades religiosas. El PSOE aboga ahora por revisar estos aspectos. Así, propone avanzar en la autofinanciación de las confesiones religiosas, incluida la católica, o recuperar la discutida Educación para la Ciudadanía que suprimió Mariano Rajoy.

Marcelino Oreja fue uno de los muñidores de los cuatro acuerdos del 79. Según recuerda, fueron apoyados por una amplia mayoría parlamentaria y han sobrevivido sin alteraciones a gobiernos de UCD, PSOE y PP, a pesar de que incluían temas controvertidos como la educación. «Aquello que firmamos ha funcionado», sostiene. «Los socialistas -continúa- ya han incluido antes en sus programas electorales denunciar los acuerdos pero felizmente no lo han llevado a la práctica», afirma Oreja, quien insiste en que una cosa es estar en el Gobierno y otra en la oposición. Pero, ahora, el PSOE podría optar por dar los pasos a los que no se atrevió en el pasado. El jefe de la Diplomacia con Adolfo Suárez afirma que no alcanzaría a comprender la razón por la que el actual Ejecutivo podría querer romper la paz social y religiosa.

En la asociación Europa Laica se declaran escépticos sobre la posibilidad de denunciar los acuerdos con el Vaticano. De hecho, su presidente considera que no se ha dado muestra del menor compromiso para que esto sea así. «El Ministerio de Exteriores tiene potestad para hacerlo pero no ha movido ficha», lamenta Antonio Gómez Movellán, quien añade que «los acuerdos de 1979 son la última barricada de la Iglesia para mantener sus privilegios».

Otro de los asuntos que pueden enturbiar la relación con el Vaticano son las inmatriculacines, forma en la que se denomina al registro de una propiedad por primera vez. A raíz de la reforma de la Ley Hipotecaria realizada por el Gobierno de José María Aznar en 1998, la Iglesia llevó a cabo numerosos registros a su nombre, entre ellos la Mezquita de Córdoba. Ahora, el Gobierno ultima un informe para detallar todos estos bienes y, si se mantiene fiel a su programa electoral, reclamar su titularidad si se considera justificado. La Conferencia Episcopal Española ha censurado lo que aparenta, según ha dicho, «una desamortización encubierta». En el lado contrario, Unidos Podemos llevó el martes al Congreso una proposición no de ley en la que pide al Gobierno que cancele las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica desde 1979.

También afecta a la relación la voluntad del Ejecutivo de reformar la ley para que los delitos de pederastia no prescriban. Se trata de una iniciativa ante la que el Vaticano no puede oponerse pero que toca de lleno el que a día de hoy es su principal problema.

La relación con la Iglesia es un tema muy delicado en un país con dos terceras partes de la población católica, según refleja el CIS. No obstante, desde los sectores laicos se pide al Gobierno pasos concretos. «Nos gustaría que se diera una mayor presión de las bases socialistas para que se cumpla con lo que se ha escrito en el programa», concluye Gómez Movellán.