La cuenta atrás para la devolución este jueves del pazo de Meirás al Estado ha comenzado, pero los últimos inquilinos, la familia Franco, siguen batallando por la pertenencia de los bienes del interior del palacete. Los nietos del dictador han solicitado al Juzgado de Primera ... Instancia número 1 de A Coruña, el mismo órgano que les condenó a la devolución de la finca, retirar «todos» estos elementos materiales por no estar, defienden, vinculados a la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).
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No obstante, desde la defensa de los demandantes dan por sentado que esta petición será rechazada por la juez y, por ello, reclaman que les diga qué pueden sacar del pazo coruñés a partir del informe elaborado por los técnicos de Patrimonio Nacional. En todo caso, los Franco han depositado en el Juzgado de Primera Instancia número 1, para su entrega al Estado, las llaves del pazo de Meirás, un día antes de que se proceda a la entrega del mismo, según consta en un escrito que han remitido al mismo este miércoles.
En el escrito remitido el pasado 7 de diciembre, los nietos de Franco alegaban que «hasta la fecha» no se ha planteado «en tiempo y forma su eventual reivindicación», y avanzan que recurrirán el auto que acuerda que el Estado sea depositario de los bienes hasta que haya una sentencia definitiva. «Ninguno de tales bienes aporta absolutamente nada a la significación del inmueble reivindicado como Bien de Interés Cultural», señala el abogado en su escrito. En él, recalcan que la Xunta, cuando declaró BIC el pazo, «no incluyó la identificación y descripción de ningún bien que, por su vinculación con el pazo, debiera incorporarse a dicha declaración».
Además, sostienen que la retirada de estos bienes «en modo alguno supondría comprometer los posibles usos definitivos del inmueble» e inciden en que en las resoluciones del juzgado «nada consta en cuanto a cuáles habrá de ser tales usos». En base a esta argumentación, y después de que la juez les prohibiese sacar los bienes, con excepción de los de «estricto uso personal» o los que no comprometan los futuros usos definitivos del pazo, solicitan su autorización para retirar «todos» antes de entregar las llaves de la finca al Estado.
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