El foro de expertos autonómicos censura el papel del Constitucional en pandemia

El análisis -elaborado por más de 30 profesores de Derecho de todas las autonomías coordinados por la profesora de Constitucional Natalia Caicedo y dirigidos por David Moya, profesor agregado de la Universidad de Barcelona, y Javier García Roca, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid- atribuye al órgano encargado de la interpretación de la Carta Magna un «fuerte centralismo» que «choca», argumenta, con la gestión que de la crisis del covid-19 se ha realizado en otros países con sistemas federales similares al modelo territorial español.

La mayor parte de la crítica se apoya en la sentencia sobre el segundo estado de alarma, decretado por el Gobierno el 25 de octubre de 2020 y recurrido por Vox. El tribunal estimó parcialmente la impugnación del partido de Abascal. El auto, del que fue ponente el magistrado conservador Antonio Narváez, declaró inconstitucional tanto la prórroga de seis meses de las medidas incluidas en el decreto como el nombramiento de los presidentes autonómicos como autoridades competentes delegadas. En cambio, rechazó que se hubiera vulnerado derecho fundamental alguno con medidas como la limitación de personas en horario nocturno o la entrada y salida en comunidades o ciudades autónomas.

El Informe de las Comunidaes Autónomas respalda el argumento de aquellos magistrados que en sus votos particulares defendieron que el decreto «no ejerció una transferencia de la titularidad de la competencia sino una mera delegación». «La sentencia confunde un supuesto de mera delegación en un acto administrativo -insiste el borrador del texto del que este jueves se hablará en la Cámara alta- con una «delegación impropia» llevada a cabo por una norma con rango de ley como es la declaración de alarma, que tiene la finalidad de actuar de forma respetuosa con las competencias de las autonomías, en este caso sobre sanidad».

Los expertos esgrimen así que es preciso hacer una «interpretación evolutiva» del modelo constitucional del estado de alarma, que sea respetuosa con el principio de autonomía territorial. Sus razones: «Que al tiempo de aprobarse la Constitución e incluso la ley orgánica que la desarrolla no estaban siquiera aprobados todos los Estatutos de Autonomía, por lo que era imposible ponderar el (inevitable) fuerte impacto de la descentralización en la ordenación de los estados de emergencia».

El estudio aborda también otras cuestiones. Entre otras cosas, dedica un monográfico a la ley de vivienda y sus implicaciones competenciales y al diseño y despliegue de los fondos europeos de recuperación. Sobre estos últimos subraya que plantean el reto de «recuperar una democracia con consensos y un Estado autonómico cooperativo» y alerta de que hasta ahora ha existido una tendencia «centrípeta» en su organización.

Igualmente, el texto desliza algunos reproches sobre la implementación del Ingreso Mínimo Vital y llama a «aprender de lamala experiencia» de lo ocurrido con la prestación de la dependencia para enmendar errores aumentando la coordinación del Estado en la comisión multilateral creada ya en 2022 .