Forcadell deja claro en el Supremo que no quiere inmolarse en el altar independentista

El último día de interrogatorios del medio millar de testigos fue el turno de las personas citadas por los imputados que no quieren inmolarse en altar independentista. Después de las diatribas y los rifirrafes provocados por las declaraciones de los testigos de los presos-parlamentarios o de los otros imputados que quieren seguir en la primera línea política independentista (Junqueras, Sànchez, Rull, Turull y Romeva, por un lado, y Cuixart y Forn, por el otro), la calma volvió al tribunal. Y volvió con los testimonios exculpatorios propuestos por los que se han echado a un lado, con la expresidenta Carmen Forcadell a la cabeza, seguida de los exconsejeros Dolors Bassa o Carles Mundó.

El regreso de los cinco parlamentarios de ERC y Junts al Tribunal Supremo tras las broncas sesiones del Congreso y el Senado coincidió con la puesta de largo de la estrategia de Forcadell, en las antípodas de la de sus compañeros de banquillo. Hasta el punto de que Olga Arderiu, la letrada de la expresidenta del Parlament, llegó a llamar a la sala a un testigo para intentar demostrar que su clienta ni tan siquiera publicó los tuits (para nada delictivos) en los que desde su cuenta se llamó a la movilización el 20 de septiembre de 2017, durante el cerco a la Consejería de Economía, o felicitó a los catalanes por su participación en el 1-O.

El 'cabeza de turco' de Forcadell en esta apuesta por desligarse de los ahora diputados o senadores se llamó Jordi Martínez Soler, asesor entonces del Gabinete de prensa del Parlament. Martínez dijo, en esencia, que todo fue culpa suya. Que él era quien se ocupaba de las redes sociales de Forcadell. Que él fue el autor material de los tuits más polémicos lanzados desde la cuenta de su antigua jefa. Es más, que Forcadell ni siquiera «validaba» siempre esos mensajes que Martínez publicaba en su nombre.

El exjefe de prensa de Forcadell llegó al punto de tratar de desmontar ante el Supremo la imagen icónica para el independentismo de la expresidenta del Parlament, durante el asedio a la comitiva judicialel 20-S, subida en el escenario montado junto a la Consejería de Economía y arengando a la masas. «A Forcadell le ofrecieron el micro y no tuvo opción de rehusarlo», afirmó el testigo, mientras su exjefa asentía.

No fue el único testigo de Forcadell empeñado en rebajar el papel de la imputada en el independentismo. «Me dijo que quería regresar a su trabajo y descansar», confesó Ricard Gené, quien desde 2012 a 2015 perteneció al Secretariado de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y que coincidió en la cúpula de ese colectivo cuando Forcadell fue elegida como líder de la entidad en abril de 2012. Gené, que quiso dejar claro que la imputada nunca tuvo «aspiraciones políticas», insistió en que Forcadell no era más que otros en el mundo secesionista. Afirmó que, como presidenta de la ANC, solo tuvo una «función representativa, no ejecutiva». Es más, que. Forcadell , no asistía a reuniones claves ni participó en la redacción de las hojas de ruta de la ANC.

Las miradas desde el banquillo según declaraban los testigos de Forcadell no dejaban lugar a dudas de que la estrategia de la expresidenta no era la de los presos parlamentarios. Sánchez, Turull, Rull y, sobretodo, Junqueras siguieron las explicaciones con aparente indiferencia, como si las actitudes de la expresidenta del Parlament en aquellos días de otoño de 2017 les fuera totalmente ajenas.

La aparente indiferencia no cambió cuando llegaron los testigos de Dolors Bassa (convertida en íntima amiga ahora de Forcadell) y de Carles Mundó. Rosa María Sanz, la jefa de servicio de Espacios y Equipamientos Cívicos de Departamento de Trabajo que dirigía Bassa, reiteró hasta la saciedad que su exjefa no ordenó ceder locales para el 1-O. Es más, lo contrario, que ella recibió un mail en el que se ordenaba cumplir con las órdenes judiciales.

Ángel Cortadelles, exdirector de servicios de Justicia, afirmó por su parte que Mundó dio «instrucciones rotundas» para que no se empleara un euro público en el referéndum.