La Fiscalía Tribunal de Cuentas ve probado que Mas usó 5 millones públicos en el 9-N

A raíz de las demandas que presentaron el año pasado Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, el Tribunal de Cuentas abrió un proceso por los gastos públicos del 9N y en diciembre ordenó el embargo preventivo de la vivienda de Mas y de varios exconsellers para cubrir la fianza de los 5,2 millones de euros destinados supuestamente a la consulta.

En su informe final, la Fiscalía asegura que Mas autorizó el uso de 4,99 millones de euros del presupuesto de la Generalitat a través de una decena de operaciones para financiar la consulta del 9N y que lo hizo «sin cobertura legal». Una de esas operaciones, incluso, se sufragó mediante el dinero procedente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), en concreto la campaña de publicidad institucional para la consulta.

Tras este informe, la Fiscalía pide que se condene a Mas y a otros ex altos cargos de la Generalitat catalana a devolver el dinero, con sus correspondientes intereses, y que para ello se haga efectivo el embargo preventivo que se realizó.

Después de que consignar 2,9 millones de euros en efectivo, aportados por la plataforma soberanista Asamblea Nacional Catalana (ANC), Mas y los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y el ex secretario general de Presidencia Jordi Vilajoana depositaron varios inmuebles como garantía para cubrir la fianza de 5,2 millones.

La instructora del Tribunal de Cuentas acordó reclamar luego a los registros de la Propiedad competentes que procedieran a ejecutar el embargo provisional de estos inmuebles, que la Fiscalía quiere que se convierta en definitivo. Se trata de viviendas aportadas como fianza por Mas -en Barcelona-, Homs -en Taradell (Barcelona)-, Ortega -en Barcelona-, Vilajoana -en Barcelona- y Rigau -en Ribes de Freser (Girona),

Mas y los exconsellers han sostenido durante la investigación que no cometieron ningún tipo de «infracción contable» y que todos los contratos y facturas sobre los pagos por la consulta del 9N son anteriores a la providencia del 4 de noviembre de 2014 en que el Tribunal Constitución les ordenaba detener la votación.

El pasado mes de abril, la Generalitat catalana, intervenida por el Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución, se sumó a la demanda contra Artur Mas y también solicitó al Tribunal de Cuentas que le condenara a devolver los 5,2 millones de euros que costó la consulta, junto a Ortega, Homs y Rigau.