La Fiscalía abre otra investigación al rey emérito por sus cuentas en el extranjero

En relación con la otra investigación abierta en junio pasado, relativa a la información recopilada por las autoridades suizas contra don Juan Carlos, el fiscal instructor del Supremo preparar ya las conclusiones tras apreciar indicios de delitos fiscales y/o de blanqueo de capitales. Sin embargo, estos hechos se enmarcarían bajo el reinado del anterior jefe del Estado, por lo que la responsabilidad penal decae al tener el blindaje de la inviolabilidad constitucional.

En cambio, estas nuevas diligencias remitidas por Anticorrupción, sin embargo, versarían sobre movimientos de dinero de cuentas en el extranjero posteriores a su abdicación, en junio de 2014. Por lo tanto, don Juan Carlos ya no tendría la protección legal y debe responder de sus actos como aforado ante el Supremo.

En una nota de prensa, la Fiscalía General ha confirmado que se ha dictado un decreto para que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, remita sus diligencias al Supremo como ógano competente. Lo hace una vez que se han hallado indicios delictivos y que se haya «constatado la identidad de algunos de los extremos publicados» esta mañana por 'ElDiario.es'.

Según este medio, la investigación que tenía abierta la fiscalía especializada tiene que ver con el uso de tarjetas de crédito por parte de algunos de los miembros de la Familia Real -se incluiría a doña Sofía- para gastos personales. Estos movimientos que se realizarían a partir de una cuenta en la que el rey emérito ni su familia aparecen como titulares. Corresponderían a los años 2016, 2017 y 2018, el depósito estaría en el extranjero y no habría sido declarado a la Hacienda española.

Además, se señala que las autoridades judiciales habría remitido comisiones rogatorias a diferentes países par rastrear la procedencia de esos fondos. En estas pesquisas se habría permitido identificar ya a los dos individuos presuntamente vinculadosa esta trama de fondos opacos: un ciudadano mexicano y un mando de la Guardia Civil. Los hechos se enmarcarían, de nuevo, en delitos fiscales y/o de blanqueo de capitales, en el caso de tratarse de incrementos de renta no declarados superiores a 120.000 euros en un solo ejercicio.

En agosto pasado, Corinna Larsen, quien fuera amante del rey emérito entre 2004 y 2009, según ella, acusó directamente a don Juan Carlos de tener «cientos de cuentas en otras jurisdicciones». Una revelación que tenía presumible trascendencia jurídica, más si cabe porque la Fiscalía del Tribunal Supremo ya investigaba en esas fechas las cuentas del exjefe del Estado en Suiza. «Lo que me parece extraordinario es que estén convirtiendo 40 años de modus operandi de una empresa familiar en un foco sobre una persona. Y esa persona soy yo…», afirmó Larsen en la cadena BBC.

En el caso de las órdenes dadas hoy por la fiscal general Dolores Delgado, caben reseñar dos asuntos que no son menores. En primer lugar, la filtración ha provocado que Anticorrupción se tenga que desprender de estas diligencias en favor de la Fiscalía del Supremo pese a que caminaba con paso firme en busca de los indicios delictivos.

En segundo término, Delgado ha movido ficha este martes, una vez que se ha publicado la noticia, pero fue el jueves pasado cuando ordenó a la Inspección Fiscal que comprobara «las condiciones de custodia y acceso a los expedientes» para aclarar esta fuga de información.