La Fiscalía se opone a un permiso de 72 horas concedido a Cuixart

La Fiscalía es muy contundente en el escrito presentado esta mañana ante la Audiencia de Barcelona. El Ministerio Público argumenta que Cuixart padece «distorsiones cognitivas» que provocan que no perciba como delito su actitud. El cumplimiento de la cuarta parte de la condena, no observar mala conducta y estar clasificado en segundo grado penitenciario no son condiciones suficientes para el Ministerio Público para que un preso pueda salir de prisión. A su juicio, hay otros factores que le impiden ser beneficiario ya de permiso como el no reconocimiento del delito y el no haber realizado ningún programa específico de tratamiento acorde con la condena que le fue impuesta de sedición, por la que cumple una pena de nueve años.

Según argumenta la Fiscalía, «en ningún caso» del informe del psicólogo de la prisión se desprende que manifieste voluntad de cambio ni de arrepentimiento de los hechos cometidos. El auto del juzgado de vigilancia penitenciaria señaló no obstante que el interno reconoce los hechos delictivos pero no está conforme con su calificación jurídica y no muestra arrepentimiento, defendiendo su inocencia, lo cual es «sin duda un pensamiento y decisión legítimos, puesto que la normativa no impone al condenado la obligación de arrepentirse ni que se declare culpable», según la juez.

La magistrada de vigilancia penitenciaria rechazó el primer recurso de la Fiscalía desde el argumento que la estancia en prisión no tiene por objeto cambiar la ideología del reo y que respecto a la expresión «volveremos a hacerlo» es un pensamiento y una decisión legítima que no implica que reincidirá en el delito. La Fiscalía, en cambio, en el recurso presentado hoy señala que «es evidente que en ningún caso» se concedería un permiso a un interno que en relación al delito cometido manifestase que lo volvería hacer en las mismas condiciones y por las mismas vías, «máxime teniendo en cuenta la gravedad del delito y de la pena, de nueve años de prisión, propia de delitos tales como el homicidio, agresión sexual con penetración o salud pública en supuestos agravados de tráfico de sustancias estupefacientes que causan grave daño a la salud», según recoge el recurso de la Fiscalía. «En consecuencia, tampoco en el presente supuesto se debe conceder el permiso», concluye.

Cuixart salió el lunes de prisión en aplicación de la concesión del artículo 100.2. Tiene permiso para acudir a trabajar a su empresa todos los días de lunes a viernes con la obligación de regresar a dormir al penal. También abandonaron la cárcel Carme Forcadell y Dolors Bassa de acuerdo al régimen de semilibertad. Joaquim Forn ha sido contratado por la firma Mediapro, por lo que su salida es inminente en aplicación del 100.2, igual que la de Jordi Sànchez. Jordi Turull y Josep Rull ultiman la presentación de solicitudes, igual que Oriol Junqueras y Raül Romeva.