La Fiscalía recurre ante el Supremo la absolución de la Mesa del Parlament

El fallo tuvo un voto particular en sentido contrario y la Fiscalía pedía una condena de 20 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros por haber admitido a trámite y permitido el debate en un pleno de 2019 propuestas de resolución que reprobaban la monarquía y defendían el derecho a la autodeterminación.

Según la sentencia, no cometieron un delito de desobediencia. A su juicio, «se puede entender» que lo que realmente estaba prohibido por el Tribunal Constitucional era continuar el proceso político de independencia y querer materializar o ejercer la autodeterminación, es decir, la secesión. Y en este caso, interpretaron los jueces, «sencillamente solo se quería hablar de la autodeterminación como mera proclama política, de futuro, pero sin intención de materializarla».

La Fiscalía, en cambio, alega en su recurso que la sentencia del TSJC incurre en una supuesta infracción del precepto constitucional y de ley. Y además achaca defectos de forma pues entiende que el tribunal descartó aplazar el juicio hasta que se resolviera el incidente de nulidad que la Fiscalía había presentado contra la recusación del magistrado Carlos Ramos.