La Fiscalía pide investigar por falso testimonio a un alto cargo de la Generalitat en el juicio del 'procés'

Sucedió en el interrogatorio de Jaume Mestre, alto cargo de la Generalitat. Su testimonio fue propuesto por la Fiscalía y dirige desde 2016 la Oficina de Difusión Institucional (con un breve intervalo tras la aplicación de 155). Este departamento es el encargado de gestionar las campañas oficiales en medios y eventos, entre otras tareas. Su presencia en el juicio buscaba aclarar cómo se gestionó y diseñó la inserción publicitaria del referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional días después. Es decir, dar luz o rebajar las sospechas del delito de malversación de caudales públicos.

Pese a los abundantes indicios recogidos en la instrucción del 'procés' sobre el papel de esta oficina, que dependía orgánicamente de la consejeria del procesado Jordi Turull, el testigo exhibió una prolongada desmemoria. «No sé», «no recuerdo», «de eso, nada de nada», «nunca lo he visto», «puede ser»...

Sus rodeos llegaron a límites insospechados para quien ejerce un alto cargo. Un ejemplo, este organismo emitió dos facturas de 93.000 y 180.000 euros a cargo de la Consejería de Presidencia, que Turull aseguró que no tenía que pagar por estar dentro de un contrato marco con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). También visó otros gastos publicitarios del 1-O por más de 200.000 euros.

«¿Presidencia acudió a la Corporación para emitir estos anuncios tras las renuncias de dos empresas?», preguntó al testigo el fiscal Jaime Moreno. «No lo sé», contestó Mestre, que acto seguido negó también que tratara este tema con Nuria Llorach, presidenta de la CCMA. Ello pese a que Llorach declaró al juez Pabo Llarena en la fase de instrucción que el contacto de la Generalitat era «Jaume Mestre». «No, lo niego», replicó hoy el testigo.

Fue en ese momento cuando el fiscal, al dar por finalizado su interrogatorio, pidió al tribunal que imputara falso testimonio al declarante, delito castigado con hasta dos años de prisión. Marchena respondió que se resolverá en sentencia. Antes de llegar a este momento, el propio presidente de la sala advirtió a Mestre de que era «absolutamente evidente» que estaban eludiendo las preguntas y que el falso testimonio se aplica no solo a quien miente, sino al que responde «con inexactitudes o evasivas», como era su caso.

Tras esta declaración llegó el turno del antiguo responsable del Diplocat (la oficina diplomática catalana en el exterior), Albert Royo. El testigo se esforzó en desvincular a la entidad del Govern y de cualquier pago vinculado al 1-O. Royo afirmó que no dieron «ningún honorario» a observadores internacionales, pese a que la Fiscalía opina lo contrario, y admitió que se financiaron «viajes internacionales» de parlamentarios que querían conocer «la realidad catalana». Dos de ellos, el director del Centro de Estudios Estratégicos de La Haya, Paul Sinning, y la portavoz del equipo de expertos, Helena Catt, declararán el 27 de marzo.