La Fiscalía pide que se retire la inmunidad y se mantenga la euroorden contra Puigdemont

Los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena se dirigieron a Llarena en un escrito con fecha 20 de diciembre para que impida la libre circulación del expresidente catalán y su exconsejero, principales beneficiarios de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de considerar eurodiputados a todos los efectos a los electos el 26 de mayo sin necesidad de cumplir con los requisitos de retirar su acreditación ante la Junta Electoral y jurar o prometer la Constitución. El Ministerio Público, además de reclamar al Supremo el mantenimiento de las medidas cautelares y a la Eurocámara la retirada de la inmunidad, emplaza al juez instructor a que comunique a las autoridades judiciales belgas que esperen a resolver sobre la extradición de Puigdemont y Comín hasta que el Parlamento Europeo resuelva sobre su inmunidad. La próxima vista está fijada para el 3 de febrero en un tribunal de Bruselas.

A tenor del escrito de la Fiscalía se puede concluir que ambos acusados buscaron en todo momento cometer un fraude de ley. Argumenta que cuando se presentaron a las elecciones del 26 de mayo ambos eran «plenamente conscientes de las limitaciones que comportaba su situación procesal en el efectivo ejercicio de sus derechos políticos». Con sus candidaturas en la lista de Junts per Catalunya, añaden los cuatro fiscales, se puede «inferir razonablemente» que su objetivo «en realidad era acogerse al paraguas de la inmunidad» que va aparejada a la condición de eurodiputado para «obtener la libertad y eludir el proceso penal».

Cuando Puigdemont y Comín encabezaron la lista independentista ya estaban en vigor las euroórdenes, la declaración de rebeldía y la orden de prisión provisional dictada por el Supremo. Estaban procesados, afirman los representantes del Ministerio Público, «por delitos muy graves con bastante antelación al inicio del proceso electoral».

Argumenta además que «en ningún caso» la inmunidad puede convertirse «en un refugio protector o generador de impunidad» en un proceso penal. Sus compañeros de causa fueron condenados por el Supremo el 14 de octubre a penas que van desde los nueve a los trece años de cárcel por sedición y malversación de fondos públicos. La inmunidad, abundan los fiscales, es «una garantía protectora» ante la apertura de procesos pensados para alterar el normal funcionamiento de las instituciones, en este caso del Parlamento Europeo, pero de ninguna manera para «impedir el desenlace de una causa penal» en la que el eurodiputado esté procesado.

El juez Llarena deberá resolver antes del 2 de enero porque dio un plazo de cinco días hábiles a las partes para presentar sus alegaciones a la resolución del tribunal de la Unión Europea. La Fiscalía y la acusación popular ejercida por Vox ya han cumplido, pero falta que lo haga la Abogacía del Estado.