La Fiscalía pedirá archivar todas las querellas contra el Gobierno por la pandemia

Ha sido el propio teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas Ramos, el que se ha encargado personalmente de reclamar al alto tribunal que dé carpetazo a estos expedientes. El Ministerio Público recordó este lunes que su estatuto especifica que no es necesario reunir a la Junta de Fiscales de Sala para debatir sobre esta riada de las demandas que ponían el foco en la supuesta responsabilidad del Gobierno por, entre otros motivo, permitir las manifestaciones feministas, no haber decretado el estado de alarma antes, no haber hecho acopio de material sanitario, no haber protegido al personal sanitario o por haber desoído las recomendaciones de las autoridades sanitarias europeas o mundiales.

Las querellas que la acusación pública quiere archivar son las de Vox, la Asociación de Abogados Cristianos, Asociación HazteOir.org, Asociación Profesional de laGuardia Civil (JUCIL), Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid,Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Asociación de Médicos Titulados Superiores,Central Sindical Independiente de Funcionarios (CESIF), Central Unitaria de Traballadoras (CUT) y Asociación Terra Sos-Tenible, así como diversos particulares, además de un colectivo de 3.268 personas.

En esas demandas, los denunciantes acusaban, entre otros, al Ejecutivo y sus miembros de delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo, genocidio, homicidios (doloso o no), lesiones imprudentes, prevaricación administrativa y omisión del deber de socorro.

Navajas por ahora solo ha abordado las querellas contra el Gobierno, pero no las denuncias (las demandas en las que no se especifican los supuestos delitos), que son otra treintena de expedientes. Su informe consta de más de 300 páginas.

Según el departamento que dirige Dolores Delgado, «todas las querellas han sido objeto de tratamiento individualizado, en función de los hechos denunciados y los delitos atribuidos». De hecho, aunque el informe es común a todos los querellantes, las respuesta es personalizada y extensa, aunque en la mayoría de los casos los argumentos son muy parecidos: o los tipos penales planteados no casan los acciones u omisiones de los miembros del Gobierno o,directamente, no hay pruebas de los querellados incurrieran en esos ilícitos.