La Fiscalía obvia el archivo de Suiza y seguirá «hasta el final» con la investigación al emérito

Pese a que la Justicia helvética no ha podido probar la procedencia corrupta de los 100 millones de dólares (88 millones de euros) entregados en 2008 a don Juan Carlos como un «regalo» por parte de su homólogo saudí, el rey Abdalá, los investigadores del alto tribunal llegarán «hasta el final» para determinar la responsabilidad penal del anterior jefe del Estado sin importar lo que hayan resuelto sus colegas suizos, según explican fuentes del Ministerio Público.

Desde la Fiscalía del Supremo son conscientes de que la decisión de Yves Bertosa, fiscal del Cantón de Ginebra, de archivar las diligencias abiertas en 2018 redobla la presión pública sobre la investigación que dirige Juan Ignacio Campos, teniente fiscal del alto tribunal.

Admiten que puede parecer que «vacía de contenido» los hechos investigados por su departamento, ya que se parte de la base de que tienen el mismo origen: las presuntas comisiones ilegales repartidas en la adjudicación de la obra del AVE de desierto, realizada por una UTE española entre 2008 y 2018 y cuyo coste se ha elevado a unos 7.100 millones de euros.

Sin embargo, defienden que sus diligencias han derivado en la apertura de nuevas líneas de investigación (en la actualidad hay tres) y que en el tiempo que llevan instruyendo se han producido además dos acontecimientos relevantes: las regularizaciones que ha llevado a cabo don Juan Carlos por más de cinco millones de euros para cubrir pagos pendientes del Impuesto de Donaciones y del IRPF. Un movimiento que ha obligado a los peritos de la Agencia Tributaria asignados al fiscal Campos a examinar al detalle el «carácter completo, voluntario y espontáneo» de estas liquidaciones.

A este marco procedimental se suma el reciente decreto firmado por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de prorrogar seis meses más, hasta junio de 2022, las pesquisas sobre las cuentas de don Juan Carlos debido al retraso de una documentación que deben remitir las autoridades suizas. Según marca la ley, el plazo de las diligencias prejudiciales finaliza este viernes, por lo que entraba dentro de lo razonable una nueva ampliación para cerrar el caso sin dejar ningún cabo suelto.

Las fuentes fiscales consultadas aseguraron ayer que ya se ha recibido parte de estos papeles, pero que aún faltaría por llegar un último fleco. Se trata de los movimientos bancarios de la Fundación Zagatka relativos a los ejercicios 2014 y 2015, un periodo en el que un posible fraude fiscal no habría prescrito. Zagatka es una sociedad administrada por Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano del emérito, que abonó ocho millones de euros en viajes privados y estancias privadas del anterior monarca entre 2009 y 2018. Y es que estos documentos son «indispensables» para que los peritos cotejen una de las dos regularizaciones fiscales realizadas por el investigado: los 4,4 millones pagados precisamente por estos servicios.

«Se corresponde con las rentas derivadas de la asunción de determinados gastos por viajes y servicios realizados por el rey de lo que podrían derivar determinadas obligaciones tributarias que han quedado regularizadas», rezaba el comunicado de su abogado, Javier Sánchez-Junco, publicado en febrero pasado.

«No se comprendería que se cerraran ya las diligencias, después de la decisión de Suiza, sin poder concluir si la cuantía de la regularización tributaria de todo un exjefe del Estado ha sido correcta», comentan las citadas fuentes para justificar el mantenimiento de la investigación y la reciente extensión de su plazo. Este asunto fue reclamado a Delgado tanto por el teniente fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos como por el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

No obstante, desde el verano pasado se vienen filtrando datos sobre la marcha de las diligencias. El objetivo es allanar el terreno para amortiguar el impacto que supondría en la opinión pública el archivo de las tres líneas de investigación. La explicación se encontraría en que algunos de los delitos confirmados, cohecho o tráfico de influencias, habrían ocurrido cuando Juan Carlos I era inviolable (hasta su abdicación en junio de 2014), otros habrían prescrito y, en tercer lugar, la falta de indicios para probar el resto de hechos.

En concreto, la Fiscalía indaga el supuesto cobro de comisiones por la obra del AVE del desierto (Suiza no ha podido probar el blanqueo de capitales); el presunto uso de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas de personas vinculadas a don Juan Carlos; y la existencia de un depósito con 10 millones en la isla de Jersey, paraíso fiscal británico.