La Fiscalía investiga al menos 38 residencias en ocho comunidades

Son datos oficiales ofrecidos este viernes por el Ministerio Público, que advierte, no obstante, de que no dibujan «una foto fija» respecto a las investigaciones a centros de mayores, un sector especialmente golpeado por la crisis sanitaria.

Por comunidades autónomas, a 15 de abril, la Fiscalía General ha «constatado abiertas» investigaciones a 19 residencias de la Comunidad de Madrid; siete de Cataluña; cinco de Castilla-La Mancha; dos de Castilla y León y otras tantas de Murcia; y una en Canarias, la Comunidad Valenciana y Cantabria.

No obstante, la cifra puede ser mayor porque estos datos provienen de las Fiscalías Provinciales, que remiten la información a las Superiores y éstas a la Fiscalía General, por lo que es posible que se hayan abierto nuevas diligencias y no se haya recibido dicha información. Por ello, la Fiscalía se ha comprometido a actualizar los datos el próximo martes.

El ministerio público no ha precisado cuáles son los presuntos delitos por los que se investiga a dichos centros ni los nombres de los mismos. En el orden civil, las Fiscalías Superiores han abierto 124 expedientes, tanto a residencias como a usuarios en el ámbito de protección de sus derechos.

Por otra parte, el Defensor del Paciente ha presentado más de 200 denuncias por fallecimientos de mayores en residencias en la que pide investigar si se ha podido cometer un delito de omisión del deber de auxilio, entre otros. Se trata de personas que no han derivado a hospitales y a quienes no se les hizo prueba de Covid-19, ni se le facilitó asistencia sanitaria y tampoco se permitió a sus familiares que se los llevasen a casa.

En la Comunidad de Madrid, que acumula el mayor número de residencias investigadas, fuentes fiscales han precisado que las diligencias suelen abrirse a raíz de denuncias de familiares de los ancianos residentes o de asociaciones como el Defensor del Pueblo.