La Fiscalía incluye al «independentismo violento» catalán entre las causas «más relevantes por terrorismo»

Este protagonismo del «independentismo violento» para la Fiscalía no es menor, ya que demuestra sus prioridades respecto al resto de actuaciones contra el terrorismo. Lo hace, además, en un contexto donde los asuntos relativos a Cataluña y el 'procés' han trascendido de lo judicial a lo político y se han convertido en una piedra de toque para la consecución de la gobernabilidad del país tras las elecciones generales del 23 de julio.

El motivo es que la posible investidura de Pedro Sánchez, en caso de que el popular Alberto Núñez Feijóo fracase, pasa por el resultado de la negociación que mantenga el PSOE con Junts, el partido de Carles Puigdemont, cuyos siete escaños son decisivos para evitar una repetición electoral el 14 de enero. Un debate que el pasado martes ya conoció el catálogo de reclamaciones, según detalló desde Bruselas el líder independentista prófugo de la Justicia española por la causa del 'procés'.

La principal petición de Puigdemont es la «desjudicialización» del 'procés', esto es, aprobar una ley de amnistía que anule las decenas de causas derivadas del proceso soberanista de 2017, que cuentan con unos 700 investigados en los juzgados y tribunales. Y en el centro de estos asuntos está, precisamente, una de las causas que la Fiscalía de la Audiencia Nacional considera «relevante»: la 'operación Judas' contra los denominados Comités de Defensa de la República (CDR).

Al menos desde otoño de 2017, tras la celebración del referéndum ilegal de Cataluña, la Guardia Civil identificó como una amenaza la existencia y proliferación de estos grupos radicales. Dicha hipótesis se reforzó tras los violentos actos producidos tras conocerse la sentencia del 'procés' dos años más tarde. Como consecuencia de lo anterior se procedió a la detención de 12 individuos, siete de los cuales están procesados en la actualidad por delitos de terrorismo y de fabricación de explosivos. Integraban, dentro de los CDR, los llamados Equipos de Respuesta Táctica (ERT).

La última resolución conocida sobre esta causa es de junio pasado. La Fiscalía instó al juez instructor a sentar en el banquillo a los procesados por conformar «un grupo clandestino» dispuesto a llevar a cabo acciones que precisaban de »la violencia en su máxima expresión« para forzar a las instituciones a »conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España«.

El magistrado Manuel García Castellón sostiene que este grupo llegó a constituir «una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados».

Esa estrategia se plasmó en «cortes de autopistas, ocupación de edificios simbólicos, bloqueo del aeropuerto y movilizaciones generales» y en «acciones contra infraestructuras críticas» (autopistas y aeropuerto de El Prat). Pero donde los CDR tuvieron un mayor protagonismo fue en las protestas más violentas contra la sentencia del 'procés', cuando protagonizaron cortes de carretera, el vertido de aceite en la calzada de la C-55, un lugar de paso obligatorio de la comitiva que trasladaba a los líderes independentistas desde la cárcel de Lledoners el 1 de febrero de 2019, el levantamiento de las barreras de los peajes o los actos de protesta por la celebración en Barcelona de un Consejo de Ministros.

En suma, la «relevancia» que la Fiscalía atribuye a esta causa de terrorismo contrasta con la posibilidad de que todos estos hechos acaben amnistiados, en virtud del resultado de la negociación entre PSOE y Junts, que tiene claro que hay que anular todas las acciones judicializadas contra los CDR para darle su apoyo parlamentario a Sánchez.