La Fiscalía se querellará este lunes contra el Govern y la Mesa del Parlament

En un principio, los querellados serían 17, los 13 miembros del Govern -el presidente Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y los 11 consejeros (Santi Vila, responsable de Empresa y Conocimiento, dimitió el jueves)- y cuatro de la Mesa del Parlament, la presidenta Carme Forcadell y los diputados Lluis Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet.

El ya expresidente del Govern sería considerado por la Fiscalía como el promotor del delito de rebelión, que, según el artículo 472 del Código Penal, implica a quienes «se alcen violenta y públicamente con alguno de estos fines: «derogar, suspender o modificar (...) la Constitución», «impedir que se reúnan (...) o sustraer las atribuciones» de las Cámaras legislativas o «declarar la independencia de una parte del territorio nacional». Las penas de cárcel van desde los 15 hasta los 25 años de prisión. Además, se le podría castigar con una inhabilitación para cargos públicos del mismo periodo. El fiscal general ya anticipó que sería «lógico» incluir en la querella, como medida cautelar, su detención inmediata. Al perder su acta de diputado por Gerona ya no sigue siendo aforado, por lo tanto la querella debería ir dirigida al Supremo y no al Tribunal Superior de Cataluña, que ya le investiga por presunta prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos tras aprobarse la leyes de ruptura del referéndum.

El exvicepresidente de la Generalitat y una de las cabezas pensantes del proyecto independentista aparece en el centro de las actuaciones de la Fiscalía. Investigado también por el TSJC por la aprobación de las leyes de ruptura, el líder de ERC podría aparecer como cooperador necesario o inductor de la presunta rebelión que encabeza Puigdemont. En ese caso se enfrentaría a esos mismos 15 a 25 años de prisión. Pero si se le considera como subalterno, el posible castigo se reduce de 10 a 15 años de prisión y una inhabilitación para cargos públicos por el mismo tiempo.

Igual que sucedería con Junqueras, la Fiscalía deberá dilucidar qué rango atribuye a los exconsejeros del Govern en la confección del delito de rebelión. La pena es, como se ha visto, gradual: de 15 a 25 años para el «jefe», de 10 a 15 para los «subalternos» y de 5 a 10 para los «participantes». La querella afectará a los 11 exconsejeros, ya que Santi Vila dimitió el jueves. La Sala Segunda del Tribunal Supremo será previsiblemente el órgano que decida la admisión a trámite de la querella. La competencia del alto tribunal para conocer estos hechos se debe a que tanto la comisión del delito como sus efectos exceden el ámbito territorial de Cataluña (consecuencias económicas, uso de terminales informáticas en el extranjero, etc.). Además, todos los exconsejeros tienen una causa abierta en el TSJC por la aprobación de las leyes de ruptura, junto a Puigdemont y Junqueras.

La expresidenta del Parlament acumula tres querellas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por su papel en el proceso independentista catalán. Concretamente, por autorizar la tramitación de normas que iban en contra de los resoluciones del Tribunal Constitucional. Una circunstancia que ha provocado su investigación por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. La disolución ahora de la Cámara catalana no le afecta a su condición de aforada, ya que forma parte de la diputación permanente, el órgano que seguirá trabajando hasta la conformación del nuevo parlamento autonómico. Esta situación provoca que su fuero siga en el TSJC, según el Estatuto de Cataluña, por lo que la querella de la Fiscalía por un delito de rebelión y/o sedición tendría que recaer en ese tribunal. Sin embargo, fuentes judiciales señalan que existe la posibilidad de que, al tratarse de los mismos hechos, el Tribunal Supremo arrastre las actuaciones contra Forcadell.

Además de Forcadell, la Fiscalía contempla incluir en su querella a los tres integrantes de la Mesa del Parlament, órgano que regula su funcionamiento, que aprobaron este viernes la tramitación de la propuesta de la declaración unilateral de independencia. Ello pese a que existe un informe de los letrados de la Cámara catalana que informó de la imposibilidad de tramitar la independencia. Se trata de los diputados de Junts pel Sí Lluis Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet. Los tres forman parte también de la diputación permanente, por lo que siguen siendo aforados en el TSJC.

«Buscad acuerdo hasta el último minuto. No se lo pongamos fácil. Sabiduría, coraje y unidad son clave». El mensaje en su cuenta de Twitter del presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, Jordi Sànchez, desde la prisión de Soto del Real (Madrid), fue uno de los elementos que incluyó este viernes la Fiscalía en su escrito a la Sala Penal de la Audiencia Nacional, en el que se opone a la excarcelación de Sànchez y de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural. Ambos, señala el teniente fiscal Jesús Carballo, siguen desde prisión «llamando a la movilización social para conseguir de las autoridades catalanas la desconexión forzosa de Cataluña». Esa reiteración delictiva es uno de los principales argumentos que esgrime la Fiscalía para impugnar los recursos que presentaron contra el auto de prisión de la juez Carmen Lamela, que les investiga por un delito de sedición.