La Fiscalía Europea y Anticorrupción chocan por la investigación al hermano de Ayuso

El organismo comunitario dirigido por la fiscal Concepción Sabadell, antigua representante de Anticorrupción en el 'caso Gürtel', quiere información de la adjudicación porque entiende que se ha podido cometer un delito de malversación de fondos europeos, ya que las mascarillas se pagaron con fondos Feder (para el desarrollo regional).

Sin embargo, lo que debería ser un trámite formal de colaboración entre fiscalías -en el 'caso Acuamed' sobre la gestión de obras hidráulicas, por ejemplo, se produjo una situación similar sin consecuencias- ha derivado ahora en un conflicto de competencias por la negativa del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, a entregar esta documentación a su colega Sabadell.

Entiende Luzón, según fuentes jurídicas consultadas, que no se aprecia en este momento de las diligencias la presunta comisión de un delito de malversación de fondos comunitarios porque las 250.000 mascarillas llegaron a su destino. Pero el conflicto se produce, sobre todo, en la negativa a enviar información relativa a los delitos conexos -tráfico de influencias, prevaricación o negociación prohibidas a los funcionarios-, ya que considera que no tienen nada que ver con los fondos de la Unión Europea, sino que se refieren al funcionamiento de una administración pública española.

Así, estas fuentes señalan que desde Anticorrupción se han negado a facilitar estas diligencias a la Fiscalía Europea y han planteado un conflicto de competencias que debe resolver ahora la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, tras escuchar el próximo lunes a la Junta de Fiscales de Sala. Se trata del órgano asesor que reúne a los fiscales de máxima categoría y al que Delgado está obligada a escuchar antes de tomar una decisión.

La duda, por lo tanto, reside en si esa competencia arrastra toda la causa; es decir, si para investigar la malversación debe también Sabadell recabar el resto de la investigación. La ley que regula las competencias de la Fiscalía europea establece que este departamento es competente para investigar los delitos que afecten a los intereses financieros europeos, pero también aquellos que se hallen «indisociablemente vinculados» a ellos.

Y aquí es donde surge la disputa, porque el departamento comunitario sostiene que la investigación del contrato por 1,5 millones de euros a la empresa Priviet Sportive S.L., administrada por Daniel Alcázar y del que Tomás Díaz Ayuso se embolsó unos 283.000 euros, no se puede dividir en dos y el jefe de Anticorrupción defiende que sí.

Si Delgado considera que la causa se puede desgajar, la Fiscalía Europea indagará solo la malversación de fondos Feder, mientras que Anticorrupción se centraría en el resto de delitos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, preguntada este viernes sobre el paso dado por la Fiscalía Europea, ha restado importancia a este conflicto en la Fiscalía. «La propia Fiscalía Anticorrupción ya ha corregido esta información, ha dejado claro que no hay ningún tipo de delito de corrupción, lo mismo que ha manifestado la Cámara de Cuentas, un organismo independiente, la Intervención, compuesta por funcionarios independientes, o la comisión de contrataciones de la Asamblea. Después de tantos organismos, falta la ONU para pronunciarse al respecto«, ha señalado de forma irónica Isabel Díaz Ayuso.

Fue el pasado 23 de febrero cuando Anticorrupción decretó que abría diligencias preprocesales para investigar el contrato de la Comunidad de Madrid a la empresa del amigo de la infancia de los Díaz Ayuso, después de que los partidos de la oposición en la Asamblea regional salvo Vox reclamaron por escrito una investigación. Detrás de la difusión de este contrato y de la rivalidad personal entre la presidenta madrileña y Pablo Casado está el origen de la caída del líder del PP.