La Fiscalía ve delito en el pago electoral de Podemos a una consultora

El representante del Ministerio Público pide que solo se siga adelante con la parte de la investigación referida al contrato suscrito ente Podemos y la sociedad mercantil Neurona Consulting para las elecciones del 28 de abril de 2019. Una vinculación contractual sospechosa, que ya alude el Tribunal de Cuentas en su informe 1380. Sobre las otras cuestiones investigadas, el fiscal reseña que algunas de ellas son «rumores, sospechas o suspicacias» mientras que para el resto no existen indicios que demuestren la existencia hechos delictivos.

El procedimiento arranca a raíz de una denuncia presentada por Calvente, quien había trabajado como abogado en la formación política desde el 1 de agosto de 2014 al 2 de diciembre 2019, en la que ponía de manifiesto la existencia de hechos presuntamente delictivos cometidos en el seno de Podemos. En concreto, aludía a cuatro: el destino de 50.000 euros de la caja de solidaridad del partido a la asociación #404 comunicación popular; el acceso «inconsentido» al contenido del disco duro de una de las trabajadoras de la formación, la abogada Marta Flor; la licitación irregular de obras, fundamentalmente la adjudicación «a dedo» de la reforma del inmueble sito en la calle Francisco Villaespesa 18 de Madrid, y la contratación fraudulenta de gastos de campaña y cobro de comisiones a través de contratos con Neurona Consulting y ABD Europa.

En cuanto a los contratos con Neurona, la Fiscalía sí aprecia la existencia de «indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo». Como primera conclusión rechaza el carácter prospectivo del hecho investigado, porque existen elementos que determinan que no se ha acreditado la justificación de este gasto. Señala, además, que es una empresa creada ad hoc para la prestación del servicio.

Del mismo modo, explica que de la información bancaria remitida resulta que la empresa contratista Neurona efectuó abonos en fechas próximas a las elecciones de 2019 a una mercantil de tecnología digital con sede en Dallas (Creative Advice Interactive), por un importe total de 308.257,20 euros, «cuando las transferencias de la coalición son manifiestamente superiores». Igualmente reseña que todos los gastos que figuran en sus cuentas corrientes son los normales de prestación de servicios (Burguer King, Uber, Museo del Jamón..) así como comisiones al letrado que figura como administrador de la entidad, pero no constan gastos de personal, medios materiales o locales propios de una actividad empresarial.

A su vez, la Fiscalía rechaza la nulidad de actuaciones planteada por Podemos por no constar en la causa la grabación completa, una circunstancia que a juicio de la formación política le generaría indefensión, porque «si lo desea la parte ahora apelante no tiene más que solicitar una copia». Del mismo modo, descarta la obtención ilícita por parte del denunciante de la documentación aportada a la causa dado que su relación laboral con Podemos «no ampara el secreto profesional en lo que se refiere a portación de documentación relativa a cuestiones internas del partido».

Calvente también se refería en su denuncia a una serie de actos preparatorios que, desde su punto de vista, servirían como indicios de la comisión de hechos delictivos. Citaba, por ejemplo, el cierre del portal de transparencia incumpliendo los estatutos, el nombramiento de la nueva gerente, el cese del antiguo responsable de compras y el nombramiento del nuevo, la falta de aprobación del presupuesto de 2019 y presupuestos de las campañas electorales de 2019 o el aumento de salarios de tesorero y gerente por encima de los límites éticos fijados por el partido.

La Fiscalía entiende que si bien estos hechos pueden ser discutibles desde el punto de vista ético o de la transparencia «es claro que no revisten caracteres de delito». Algo parecido ocurre con la mención que se recoge en la denuncia sobre los complementos salariales y la suficiencia de la justificación de los gastos de miembros del partido. «No podemos deducir que hayan cobrado más de lo que les corresponde», precisa.

En relación a la adjudicación de fondos a #404, el denunciante sospecha de la entidad porque al buscar información en su página web, ésta carecía de avisos legales, información sobre el titular o política de privacidad. Calvente «entiende que detrás de esta entidad pudiera estar el diputado Rafael Mayoral por cuanto intuye la intervención de una tercera persona que es asesor de una eurodiputada de Podemos. En este punto, la Fiscalía afirma que una vez examinada la página web «se trata de una asociación cuya finalidad es dar visibilidad a denuncias sociales». Puntualiza, además, que no hay ningún indicio de que Mayoral se haya apropiado de los 50.000 euros a través de personas interpuestas «por más que se acompañen (los indicios) de relaciones y rumores obtenidos a través de internet».

Sobre otro de los hechos narrados por el denunciante referidos a los contratos «fraudulentos» con la mercantil ABD y en los que Juan Manuel del Olmo y Rafael Mayoral habrían intervenido como comisionistas, la Fiscalía señala que no existen indicios que así lo acrediten porque, en realidad, se trata de «rumores, sospechas o suspicacias del propio denunciante». Para la Fiscalía, el hecho de acordar toda esta batería de diligencias sobre la base de rumores, sospechas y a la «clara» animadversión del denunciante, «es completamente contrario a lo que se pretende en una instrucción judicial en una sociedad democrática».