La Fiscalía no ve delito de odio en el chat de militares retirados

El representante del Ministerio Fiscal afirma que los mensajes que aparecen en un chat formado por miembros de la XIX Promoción de la Academia General del Aire no son constitutivos de un delito de discurso de odio. Y ello porque sus integrantes exponen opiniones a los demás participantes «con libertad» y «en la confianza de estar entre amigos», sin que exista voluntad alguna de publicitarlas fuera de ese ámbito.

El pasado 1 de diciembre, un medio de comunicación digital publicó un artículo en el que reseñaba que altos mandos integrados en un grupo de WhatsApp enviaron una carta al Rey «exteriorizando o desvelando una postura franquista y de ultraderecha». En concreto, se atribuía a uno de los integrantes del grupo el mensaje «no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta». Esta persona, el general de división Francisco Beca, también fue uno de los firmantes de la carta al Rey en la que se hacía una crítica contra el Gobierno, centrada en el acoso que dicen que se ejerce al Poder Judicial y la amenaza que ello supone para la separación de poderes.

El propio Ministerio de Defensa informó a la Fiscalía de que los integrantes del grupo pasaron al retiro hace muchos años, «algunos hace más de 40 años», por lo que ninguno tiene la condición militar de servicio activo o en la reserva. Es más, también afirmó que ninguno de ellos se encuentra en activo en otros organismos públicos dependientes del ministerio, por lo que la actuación del grupos quedaban fuera de su ámbito de la competencia administrativa o disciplinaria.

A su vez, la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional comunicó que el denominado «La XIX del Aire» es un chat privado, razón por la cual no se ha podido tener acceso al contenido del mismo, aunque sí se han acreditado los que se han hecho públicos.

Por tanto, existe para la Fiscalía un dato objetivo: se trata de un chat privado donde «no concurren elementos que permitan inferir que fue creado al objeto de promover, fomentar o incitar al odio, hostilidad o violencia hacia un colectivo de los expresamente contemplados como grupo».

Dado que no se han podido contextualizar los comentarios publicados, la Fiscalía advierte de que «aisladamente» contemplados «constituyen la exteriorización de una oposición a acciones indeterminadas y generales del Gobierno». Es más, los entiende como una crítica «dura» enmarcada en el derecho a la libertad de expresión y de opinión, «constituidas como garantías institucionales para el debate público y que posibilita la formación de una opinión pública libre».