La Fiscalía defiende que Juan Carlos I regularizó «espontáneamente» su fortuna oculta

Según avanzó hoy el Mundo y confirmaron fuentes del Ministerio Público, el teniente fiscal del Alto Tribunal, Juan Ignacio Campos defiende la 'limpieza' de las regularizaciones de Juan Carlos de Borbón en la comisión rogatoria enviada en mayo a Suiza para indagar sobre los fondos recibidos por el multimillonario Allen Sanginés-Krause y el dinero de los vuelos de la fundación Zagatka.

En el Supremo dan por hecho que la Fiscalía del alto tribunal pedirá el archivo de la causa contra el Rey una vez que el fiscal de Ginebra Yves Bertossa responda la última petición de información de Campos. Antes la Fiscalía quiere hacer el último esfuerzo para comprobar la «veracidad» de las regularizaciones del emérito que considera, en cualquier caso, que fueron lícitas al ser 'sinceras' y «espontáneas». Así, Campos pide a Suiza conocer «todas las cuentas bancarias de titularidad de la fundación Zagatka y de los movimientos efectuados de estas en los ejercicios desde el 2014 hasta el 2019».

No obstante, sea cual sea la respuesta de Bertossa la investigación sobre el patrimonio oculto del exjefe del Estado no irá mucho más allá porque el Ministerio Público ya tiene decidido dar carpetazo al asunto ante la dificultad para investigar dada la inviolabilidad del monarca y la imposibilidad de reunir pruebas en su contra.

El exjefe del Estado pagó el pasado diciembre a Hacienda 678.393 euros por gastos con tarjetas de crédito financiadas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause para compras privadas suyas y de su familia. Dos meses después, desembolsó 4,4 millones de euros por los viajes sufragados por la fundación Zagatka de su primo Álvaro de Orleans.

Hizo ambas regularizaciones después de que la Fiscalía del Supremo informara a su abogado de la existencia de investigaciones sobre esos gastos. Un aviso que, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, pondría en duda la espontaneidad de las regularizaciones y las convertiría en ilícitas.

Aun así, fuentes fiscales argumentan la decisión de archivar las diligencias abiertas contra don Juan Carlos por la imposibilidad de perseguir los delitos que presuntamente habría cometido, bien porque han prescrito, o porque son anteriores a su abdicación en 2014 cuando gozaba de inviolabilidad o porque las dos regularizaciones que presentó ante Hacienda en diciembre de 2020 y en febrero de 2021 han desactivado cualquier posibilidad de actuación judicial contra él. Tras ser examinadas, el Ministerio Público sigue insistiendo, ahora también ante las autoridades suizas, que ambas regularizaciones son legales y se hicieron de forma correcta a pesar de que se presentaron después de que el rey emérito conociera, a través de su abogado, que era investigado por el origen de su fortuna en el extranjero, lo que eliminaría el criterio de «espontaneidad» que se requiere para que fueran legales.

En ningún momento, sin embargo, la Fiscalía se refiere a que ella misma avisó de las pesquisas al letrado del emérito para instarle a la regularización, algo inédito en la historia de las investigaciones sobre la defraudación fiscal en España.