La Fiscalía asegura que Correa creó un «sistema» basado en «sobornos» al PP

Durante su larga exposición, la representante del Ministerio Público se esmeró en poner el acento en el hecho de que Francisco Correa dirigía un conglomerado empresarial que básicamente solo operaba a la sombra del Partido Popular y que su facturación, en la práctica, dependía casi exclusivamente de la «apropiación de fondos públicos» que llevaban a cabo algunos de los excargos populares que se sientan en el banquillo de los acusados. Correa -resumió gráficamente- hizo de su «modo de vida» su relación privilegiada con el PP.

Según Anticorrupción, el negocio de Francisco Correa pasaba por el «enriquecimiento con el abuso de las funciones públicas de algunos de los acusados». Una suerte de «sistema» de intermediación -explicó Sabadell- entre empresarios y cargos populares que pivotaba en comisiones de de entre el 3 y el 4%. Esa trama que perduró en el tiempo consiguió efectivamente «enriquecer a sus integrantes», tanto a los miembros del Grupo Correa, como a los políticos y a los empresarios. Todos ello, «quedándose con fondos públicos y quebrando el sistema público de contratación».

El sistema fue efectivo hasta el punto de que -señaló la Fiscalía- la trama 'Gürtel' logró contratos por valor de ocho millones de euros. Unas adjudicaciones amañadas por las que los excargos del PP se habrían embolsado no menos de un millón de euros en coimas que salieron de la contabilidad paralela que el Grupo Correa tenía para pagar los sobornos.

Anticorrupción insistió en que Correa y los suyos crearon «un entramado societario y usaron una caja B, una tesorería oculta, que se nutría de ingresos de las sociedades del grupo y de comisiones ilegales y que generaba dinero negro opaco a Hacienda para sobornos a autoridades públicas, en dinero en metálico o en forma de viajes pagados».

Para la Fiscalía, la trama Gürtel solo pudo sostenerse gracias a la connivencia de algunos de los imputados como los exalcaldes 'populares' como Guillermo Ortega (Majadahonda) y Jesús Sepúlveda (Pozuelo de Alarcón); el extesorero del PP Luis Bárcenas; el exsecretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo; o el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo.

Todos ellos incurrieron en un «abuso de funciones públicas», sobre todo haciendo saltar por los aires los principios de la legalidad en la contratación pública a base de continuos sobornos que «eliminaron el trato justo y equitativo que merecían otras empresas». Sabadell afirmó que la trama creada por Correa gracias a sus contactos con políticos del PP «perjudicó gravemente al interés general esquilmando las arcas públicas». «Se anuló toda capacidad de competencia real» en los concursos públicos en lo que intervino la trama.

Concha Sabadell también hizo hincapié en su alegato en que durante el juicio ha quedado probado que, al menos en el caso del Ayuntamiento de Majadahonda, el PP se lucró de las comisiones ilegales. Según Anticorrupción, en ese municipio madrileño la «contratación pública» no solo sirvió para llenar los bolsillos de los políticos y de los acólitos de Correa, sino también para «financiar a un partido político», en cuanto el PP consiguió «ahorrar costes» con ese dinero, particularmente en campañas electorales. Aquellas adjudicaciones amañadas en Majadahonda «beneficiaron a los propios acusados y al PP», zanjó la fiscal.

Sabadell usó buena parte de su tiempo también para rechazar las numerosas peticiones de nulidad planteadas por los 37 acusados. Negó que las escuchas a los abogados de algunos imputados en prisión -y que valieron la inhabilitación al juez Baltasar Garzón- contaminaran la causa, dado que la «abrumadora prueba» contra Correa, sus lugartenientes, los empresarios y los excargos del PP no se derivó de aquellos pinchazos. La fiscal también insistió en la validez de las grabaciones subrepticias que hizo exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas a Correa y que fueron el origen del 'caso Gürtel'.