La Fiscalía concluye que el rey emérito no se benefició de fondos en Jersey

Así lo refleja un extracto del borrador de decreto de archivo que ha adelantando este lunes la Cadena Cope, y cuya filtración ha provocado un profundo malestar en Anticorrupción dada la relevancia del investigado. El cierre de esta pieza anticipa el inminente final de la otras dos líneas de investigación, que también serán archivadas: el supuesto uso de tarjetas de crédito opacas por parte de miembros de la Familia Real sufragadas por un empresario mexicano y los gastos personales abonados por la fundación Zagatka a don Juan Carlos.

Sobre las pesquisas de Jersey, el Ministerio Público indagaba la existencia de un 'trust' (instrumento económico y jurídico del derecho anglosajón de naturaleza fiduciaria) con un deposito de 10 millones de euros vinculado presuntamente por testaferros al exjefe de Estado. Pero el fiscal Luzón concluye que no hay elementos que sustenten esta sospecha inicial. «Desde 2004 a 2021 no existe indicio alguno que permita vincular 'The JRM 2004 Trust' con Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión ni en la capacidad de disponer de los fondos. En ningún momento ha tenido éste la condición de beneficiario ni consta que haya percibido cantidad alguna en sus cuentas», explican las conclusiones del borrador filtrado.

Ese documento, que consta de 20 páginas, aún debe ser firmado por el propio jefe de Anticorrupción y tras su rúbrica también deberá ser visado por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

En las conclusiones del borrador se indica que 'The JRM 2004 Trust' se constituyó en 2004 de la mano de Joaquín Romero Maura, historiador, profesor y consejero de don Juan Carlos. Nació con fondos procedentes de la liquidación de otros dos productos financieros similares: Tartessus y Hereu, fundados en 1995 y 1997 respectivamente por iniciativa de Manuel de Prado y Colón de Carvajal, amigo del rey emérito fallecido en 2009, y «de los que fue beneficiario el entonces Rey de España».

Luzón añade que no existe actualmente «documentación soporte disponible» sobre esos dos trust y que «probablemente nunca se conocerá con total certeza el origen de los fondos con que fueron creados». No obstante, se sabe que procedían de donaciones realizadas entre los años 50 y 70 del pasado siglo a don Juan Carlos. Era dinero que aportaron diferentes personas para apoyar el sostenimiento del entonces Príncipe.

Siempre según el relato del fiscal jefe Anticorrupción, ya en los años noventa «la finalidad de ambos trusts era apoyar al entonces Rey en el caso de que fuera depuesto por un golpe inconstitucional o una situación similar y tenían a éste como único beneficiario».

Llegamos a 2004 y, escribe el fiscal Luzón, «la situación política en España era estable, el heredero, hoy Rey Felipe VI, acababa de contraer matrimonio, la monarquía gozaba de prestigio y el conocimiento público de la existencia de los trust, con la presencia en ellos de Manuel de Prado, ya entonces condenado por la Audiencia Nacional, hubiera exigido embarazosas explicaciones». Así que el Rey Juan Carlos «decidió liquidar los trusts y traspasar sus fondos a Joaquín Romero Maura».

Desde entonces es Romero Maura quien dispone de esos fondos, nombrando beneficiarios a su muerte a su esposa y al British Refugee Council, «una organización caritativa fundada en 1951 y dedicada a ayudar a refugiados y personas que, huyendo de zonas de guerra, conflicto, violencia o persecución, buscan asilo en el Reino Unido».

En este sentido, apuntan que, en todo caso, a partir del 19 de junio de 2014 -fecha en la que se hizo efectiva la abdicación y quedó sin efecto la inviolabilidad e irresponsabilidad del rey emérito- «las disposiciones de 'The JRM 2004 Trust' lo han sido en unas cuantías que en ningún caso alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública (120.000 euros), aun cuando tales fondos hubieran sido entregados eventualmente a un contribuyente español, algo de lo que no existe constancia alguna».

Otra de las patas de la investigación de la Fiscalía al rey emérito eran los delitos derivados del uso por el anterior monarca de tarjetas bancarias con fondos opacos y que tendría origen en donaciones realizadas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

El Ministerio Fiscal notificó a la defensa del emérito en noviembre de 2020 que existían diligencias de investigación sobre el uso de esas tarjetas y apuntaban que iban a tenerlo en cuenta a la hora de determinar la validez de la declaración voluntaria que hizo pública el emérito ante la autoridad tributaria, en la que abonó un total de 678.393,72 euros por lo que dejó de pagar en impuestos correspondientes a los ejercicios 2016, 2017 y 2018, cuando ya no era inviolable.

La Fiscalía debía aclarar también que el origen de los fondos de las tarjetas opacas no deriva del blanqueo de capitales. Los 800.000 euros donados presuntamente por el empresario mexicano se habrían canalizado a través de cuentas bancarias a nombre del coronel Nicolás Murga, que fue durante años ayudante de cámara del Rey.

Posteriormente, en febrero de 2021, el despacho de abogados de don Juan Carlos comunicó que había llevado a cabo una segunda regularización fiscal por valor de casi 4,4 millones de euros, abonados a Hacienda sin requerimiento previo. El abono se correspondía a las rentas recibidas de la Fundación Zagatka, propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans, que le habría sufragado viajes en avión y otros servicios considerados pagos en especie por un valor cercano a los ocho millones de euros.