La Fiscalía pide investigar al diputado del PP que apoyó la reforma laboral

La exposición razonada remitida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Trujillo apunta que se ha acreditado a lo largo de la investigación que Casero contrató a Pablo Bonilla en calidad de psicólogo para asistir a mujeres víctimas de violencia de género, que éste cobró facturas por importe de más de 6.000 euros a pesar de estar dado de baja en la Seguridad Social y que firmó con él otro contrato menor en agosto de ese año por 18.000 euros anuales.

Según indica la juez Patricia Gutiérrez, Casero «no informó ni aportó» al ayuntamiento el contrato suscrito, ni se instruyó expediente de contratación ni se recabó informe de este órgano sobre la necesidad del servicio ni del gasto generado. Tampoco consta que Bonilla realizara los servicios por los que presentó factura y eso que ese tipo de actividad se canalizaba a través de la Comisión de Violencia de Género «a la que no le consta ninguna actuación» de esta persona.

El escrito indica asimismo que el diputado firmó un convenio con la Cámara de Comercio de Perú que llevaba aparejado un contrato por el que se comprometía a realizar una aportación de 25.000 euros para financiarlo.

Además, el juzgado menciona otros tres asuntos bajo sospecha. Uno hace referencia al compromiso verbal de Casero con la Asociación Cultural Bon Vivant para celebrar una gala a cambio del patrocinio institucional de 18.000 euros. Pero una vez más, no tramitó supuestamente el expediente.

También en 2018 contrató a Icaro Consultores para organizar la feria internacional del queso por 14.300 euros como contrato menor. El procedimiento no siguió los cauces habituales y resultó inadecuado porque era un servicio «periódico y previsible». En el marco de esta feria firmó también un acuerdo con Radio Interior S.L. para promocionarla. El contrato una vez más fue menor cuando no podía ser así porque superaba los 15.000 euros.