La Fiscalía abre una tercera investigación al emérito por blanqueo en un paraíso fiscal

La fiscal general, para evitar que esta nueva investigación salga a la luz a destiempo, optó por desvelarla. Delgado lo avanzó después de recordar que las filtraciones en la Fiscalía pueden ser delito. «La institución no puede permanecer pasiva», dijo la exministra de Justicia, que insistió en que «hay que hacer todo lo posible para evitar las filtraciones».

Reconoció que se han activado los mecanismos internos necesarios para aclarar quién filtró la semana pasada que la Fiscalía del Supremo se inclinaba por archivar la investigación de don Juan Carlos sobre las comisiones del AVE a La Meca. Y esta semana se divulgó también la existencia de unas pesquisas sobre posibles pagos con una tarjeta opaca, del que se podrían haber beneficiado Juan Carlos I y otros miembros de su familia sin ser titulares de la cuenta asociada a este medio de pago.

Al respecto, Delgado dijo que solicitará al Ministerio de Justicia los más avanzados medios de custodia material y telemática para asegurar la discreción de procedimientos tan sensibles como los de Anticorrupción.

La nueva línea de investigación se unirá a la que ya dirige el fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos. Pero poco más que el titular de la noticia dieron Luzón y su jefa. Según fuentes de la investigación, estas nuevas pesquisas sobre las actividades del exjefe del Estado proceden del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), que depende del Ministerio de Economía y el Banco de España. En ellas se apunta la existencia de un 'trust' (fideicomiso relacionado con sociedades instrumentales) en un paraíso fiscal. Anoche, 'El Mundo' lo situó en Jersey, una de las islas del canal de la Mancha, y dijo que en 2005 fueron movidos desde allí al menos cinco millones de euros cuyo paradero se desconoce.

Los indicios contra don Juan Carlos han sido hallados tras cruzar datos de diversos «sujetos obligados» con otras fuentes de información, informes confidenciales y bases de datos financieros en las que se viene trabajado desde hace meses.

Delgado y Luzón también confirmaron que la Fiscalía del Supremo se inclinaba por no querellarse contra don Juan Carlos en la causa sobre las adjudicaciones del AVE a La Meca. La Fiscalía ha hallado indicios de delito en la investigación abierta al rey emérito, pero el blindaje de la inviolabilidad constitucional mientras fue jefe de Estado -abdicó en junio de 2014- y la prescripción del delito fiscal que hubiera podido cometer hasta el ejercicio siguiente abocan al archivo de las diligencias.

Eso sí, la Fiscalía del Supremo ha enviado ya a Anticorrupción la parte de las diligencias que afectan a personas que no gozan de aforamiento. Por otra parte, Delgado anunció que ha puesto en conocimiento de esa misma Fiscalía la incorporación de Luzón, «a fin de dar oportuna continuidad a la línea de investigación marcada e incorporar la capacidad operativa en las investigaciones de las unidades adscritas a Fiscalía Anticorrupción».