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El investigador principal de las tres diligencias abiertas al rey emérito, el fiscal de Sala Juan Ignacio Campos, ha sido nombrado este martes teniente fiscal del Tribunal Supremo en sustitución de Luis Navajas, que finalmente se jubila tras permanecer varios meses en el cargo de ... forma interina.
De 70 años y miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Campos ha sido designado por el Consejo Fiscal con el visto bueno de Dolores Delgado. Fue el único que presentó su candidatura a esta plaza, que dirigirá los dos próximos años hasta su jubilación forzosa, como en el caso de Navajas. Ello pese a que el mandato oficial es de cinco años.
Delgado logra así para el puesto de número dos de la Fiscalía a un hombre de su máxima confianza, con quien comparte asociación y fue elegido por la fiscal general para dirigir las diligencias preprocesales contra don Juan Carlos. Entonces, valoró su experiencia en investigaciones de delitos económicos.
Campos ocupará un puesto clave, pues el teniente fiscal del Supremo coordina la labor del Ministerio Público en las cinco salas del alto tribunal y es el sustituto del fiscal general en caso de viaje o enfermedad a nivel institucional. En una nota de prensa, la Fiscalía ha destacado "la máxima consideración y respeto de toda la carrera fiscal y, en particular, de todas y todos los integrantes de la Fiscalía del Supremo".
Ingresó en la Carrera Fiscal en 1978. Fue destinado en Barcelona entre los años 1978 y 1982. En 1982 se trasladó a Madrid. En 1990 fue nombrado Teniente Fiscal de la Fiscalía Provincial y en 1994 pasó a Fiscal de la Secretaría Técnica. Dos años después entró en el Tribunal Supremo, cargo que ha venido desempeñando durante estos años, habiendo sido nombrado Fiscal de Sala en 2005. En 2012 fue designado delegado en materia de delitos económicos.
En el caso de Navajas, ha concluido su mandato y su larga carrera cuestionado por sus últimas intervenciones públicas. El pasado septiembre sorprendió a propios y ajenos revelando en diversos medios de comunicación que no convocó la Junta de Fiscales de Sala para fijar una respuesta a las más de 20 querellas presentadas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia porque habría tenido que excluir de ese encuentro a algunos fiscales «contaminados políticamente», entre los que mencionó expresamente a la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal.
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