El fiscal general conoció por Interior la repatriación de los menores marroquíes de Ceuta

El Ministerio del Interior, en su condición de «intermediario» entre las instituciones afectadas por la devolución de los menores, causada por la entrada masiva tres meses antes de más de 10.000 personas desde Marruecos bajo la aquiescencia de sus autoridades, comunicó el 12 y 13 de agosto de 2021 a estos responsables del Ministerio Público los listados de los tres primeros grupos de 15 niños para que fueran «repatriados» a partir de las 13:30 horas del citado día 13.

Así lo recoge el cruce de correos entre las partes a los que ha tenido acceso este periódico, y que están incluidos en el sumario. Entre las 10:41 de la mañana y las 18:44 de la tarde de esa jornada se registraron varias comunicaciones vía mail. La primera «por indicación» del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, al entonces Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz.

«Como continuación de correos electrónicos previos (…) se remite nuevo listado con grupo de menores que está previsto sean repatriados a Marruecos a partir de las 13:30 horas de hoy viernes», recoge una primera parte del correo. «El citado listado ha sido facilitado por la Delegación del Gobierno de Ceuta, según lo enviado a ellos por la vicepresidenta primera del Gobierno de la Ciudad Autónoma», María Isabel Deus, prosigue la comunicación.

En el siguiente mail, el actual fiscal general en sustitución de Dolores Delgado puso en conocimiento de la jefa de la Fiscalía de Menores de Ceuta este «nuevo listado» remitido por Interior. Este procedimiento fue realizado por el Gobierno ceutí, la autoridad competente de garantizar su protección y tutela, luego pasó a la Delegación del Gobierno, responsable de la repatriación, y del que el Ministerio Fiscal, como garante del cumplimiento de la ley, tuvo conocimiento en todo momento.

Por lo tanto, tanto García Ortiz como la fiscal de Menores de Ceuta no solo supieron por la Secretaría de Estado de Seguridad de la puesta en marcha de las primeras devoluciones del grupo de unos 800 menores no acompañados repartidos en albergues en aquellas fechas, sino que no se opusieron y avalaron al proceso administrativo iniciado y que ahora está bajo investigación penal por prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas).

Las citadas entregas fueron paralizadas de forma cautelar solo tres días después de iniciarse, el 16 de agosto de 2021, después de que un juzgado de lo contencioso-administrativo ceutí admitiese una demanda presentada por varias entidades locales. Estos colectivos representaban a un grupo de 12 menores no acompañados y el juez suspendió su entrega a Marruecos por el presunto incumplimiento del expediente establecido para estos casos.

El trámite requiere la incoación de un procedimiento administrativo individual, el acceso a un abogado, la petición de informes sobre la situación familiar del menor, la fase de alegaciones, el trámite de audiencias, la fase de pruebas o el conocimiento de la resolución definitiva por parte de la Fiscalía de Menores.

Por su parte, las administraciones afectadas se escudaron en un acuerdo bilateral entre España y Marruecos firmado en 2007 pero que entró en vigor en 2013. Este reglamento abre la puerta a las devoluciones urgentes de menores no acompañados y cuya aplicación debe realizarse en todo caso bajo el paraguas de la Ley de Extranjería. El debate jurídico reside ahora en el espíritu de la normativa, cuyos mecanismos están diseñados para determinar cuál es el interés superior de cada menor, si es volver con sus familias y a su país de origen o no.

En su declaración ante la Fiscalía, la delegada del Gobierno Salvadora Mateos admitió que se optó por el acuerdo bilateral de 2013 por la «situación excepcional» que se vivía y recordó que ninguno de los actores implicados, también los representantes del Ministerio Público mencionados, se mostró contrario al proceso en las reuniones previas que se mantuvieron hasta el 11 de agosto de 2021, también con autoridades marroquíes.

Ello pese a un mail de la vicepresidenta ceutí, Isabel Deu, en el que admitió que la jefa de Menores, presente en las reuniones, «no se mostraba conforme con el procedimiento de repatriación». Pero al final se decidió continuar de esta manera debido a la urgencia y excepcionalidad del momento, con la administración desbordada por la presencia de unos 800 menores no acompañados que llevaban tres meses en albergues.

«Se tuvo en cuenta lo mejor para los niños, que es que estén con sus padres. Querían volver con ellos y estaban contentos de hacerlo, lo que me produjo tranquilidad porque la entrega estaba garantizada con Marruecos», quien los retornaría a sus familias previo paso por un centro de acogida de la localidad de Martil, explicó la delegada Mateos en su declaración, ya como investigada, ante la Fiscalía, según recoge el sumario.

Desde Interior, por su parte, se alegó entonces que el interés superior del menor y la Convención de los Derechos del Niño priorizan la reagrupación familiar y que ese fue el principio de que siguió las devoluciones. Juan José Vivas, presidente de Ceuta, asumió incluso su responsabilidad política sobre el retorno en agosto de 2021, ya que los niños «donde mejor están es con sus familias. En Ceuta están en situación de precariedad, viven sin techo y en asentamientos hacinados».