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Carles Puigdemont puede correr la misma suerte que Artur Mas en el Tribunal de Cuentas. La Fiscalía del órgano fiscalizador ha presentado una demanda contra el dirigente independentista huido en Bélgica y sus exconsejeros por el desvío de dinero público para la organización del ... referéndum ilegal del 1-O. No se concreta una cifra, pero a tenor de las partidas citadas supera con creces a la señalada también por el Ministerio Público en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo por el 'procés', que en ese caso asciende 3 millones.
La fiscalía del Tribunal de Cuentas contabiliza el gasto por los locales de votación, las papeletas, la inversión en publicidad para fomentar la participación en la consulta ilegal, la acción exterior o el pago a los observadores que debían dar validez legal a un referéndum que, entre otras cosas, se celebró sin censo.
El Tribunal de Cuentas deberá ahora valorar si la acusación es cierta. Y de ser así, se podría reclamar a Puigdemont y su antiguo Govern la devolución solidaria de la cantidad desviada. En el caso de Mas, el tribunal le condenó junto a tres de sus exconsejeros a devolver 5 millones de euros por la consulta del 9-N. La encargada de instruir la nueva causa será la exministra del PP Margarita Mariscal de Gante.
El líder independentista puso ayer una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por la «suspensión» por parte de las autoridades españolas de sus derechos políticos y de los de otros cinco diputados autonómicos presos o huidos. Se trata de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull. Ninguno puede participar en las votaciones del Parlament de Cataluña.
Desde Ginebra, Puigdemont explicó a la prensa internacional que la denuncia ante Naciones Unidas quiere evidenciar «las graves violaciones de los derechos y las libertadas en España, lo que en inaceptable en el marco del Estado de derecho de la Unión Europea».
«No lo olviden, seis personas democráticamente elegidas y que todavía no han sido condenadas, cinco de ellas en detención preventiva desde hace más de un año, no pueden ejercer sus derechos», añadió el expresidente catalán.
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los diputados del Parlament suspendidos por el Tribunal Supremo Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez han presentado una demanda ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra por «vulneración» de derechos.
Lo han explicado este jueves en rueda de prensa, desde Ginebra, Puigdemont; el abogado internacional que lleva el caso, Nico Krisch; la secretaria general de ERC, Marta Rovira; la diputada de la CUP Maria Sirvent y el expresidente del Parlament Ernest Benach.
Krisch ha reivindicado que esta demanda pretende «llamar la atención internacional, sobre todo de las Naciones Unidas, de la vulneración de derechos humanos» que cree que supone la suspensión de estos diputados.
El abogado ha apuntado que la suspensión de estos diputados es algo «inédito en una democracia occidental y europea».
En este sentido, ha alertado de que la causa contra el 1-O «forma parte de un ataque escandaloso contra la democracia en España y Cataluña», ya que cree que los derechos están sistemáticamente vulnerados, por lo que ha pedido al Estado respetar los derechos humanos y políticos de los dirigentes independentistas.
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