Felipe VI se enfrenta al reto de recuperar la fe en la monarquía

Juan Carlos I se ganó la bendición social por su papel en la Transición, con su apuesta por la democratización del país; por el rechazo a la intentona golpista de 1981; por su neutralidad en la vida política; y por su papel como referente internacional de un nuevo país. Era una figura apreciada para la gran mayoría. Pero todo se fue por el sumidero de la corrupción.

En 2010, estalla el 'caso Nóos' que sentó en el banquillo a la infanta Cristina y llevó a la cárcel a Iñaki Urdangarin. Dos años después, en plena crisis económica, llegó el accidente en unas jornadas de caza en Botsuana del Rey acompañado de Corinna Larsen. «Lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir», dijo avergonzado en una confesión inédita e inaudita. En junio de 2014, abdicó en un intento de preservar una trayectoria de 39 años. Pero el destrozo alcanzó dimensión bíblica al aflorar su fortuna oculta y los negocios privados.

El daño reputacional es indudable pero es difícil calibrar su alcance porque no hay estudios sobre la valoración social de la corona. El CIS no pregunta sobre la monarquía desde abril de 2015, ya con Felipe VI en la Zarzuela, y entonces recibió un suspenso de 4,3, apenas un poco mejor que el 3,7 de abril de 2014, en los últimos días de Juan Carlos I, pero muy lejos del 7,5 de 1994. Sondeos privados, como el realizado por Ipsos en 2018, constataron que la desafección y la indiferencia lejos de menguar, se ahondan.

El 37% era partidario de la abolición de la monarquía y el 52% de la ciudadanía era favorable a un referéndum sobre su continuidad. No solo apoyaban esta opción los que se identificaban con fuerzas de izquierda o republicanas, la tercera y la cuarta parte de los votantes de Ciudadanos y del PP estaban a favor de la consulta sobre su mantenimiento. La Casa del Rey dispone de encuestas sobre su imagen pero los resultados se guardan bajo siete llaves.

A diferencia de su padre, el Rey no tiene retos épicos, como la transición del franquismo a la democracia o la respuesta a una intentona golpista, para poner a prueba su valía ante los ojos de una sociedad descreída. El desafío independentista en Cataluña podría ser un desafío equivalente pero carece de los resortes que tuvo su padre para encararlo.

Además, su intervención con el discurso del 3 de octubre de 2017 le granjeó la enemistad eterna del soberanismo y tampoco concitó el aplauso unánime de las fuerzas constitucionalistas. Juan Carlos I tenía el pecado original de que su legitimidad provenía de un régimen dictatorial pero se redimió tras el 23-F. Felipe VI soporta la mácula de una institución devaluada por la corrupción. La tesis de la monarquía renovada hace aguas a la luz de los últimos acontecimientos. No por su comportamiento sino por la incapacidad de la institución para dar una respuesta solvente y adaptarse a los tiempos.

La Zarzuela es un agujero negro informativo. La transparencia ha dado pasos tímidos y limitados a los aspectos más frívolos, como los regalos. Pero se desconoce, por ejemplo, el patrimonio del Rey, un asunto nada baladí en los tiempos que corren. Los bienes, propiedades y dineros del presidente del Gobierno al último diputado son públicos, no así los del jefe del Estado y su familia.

La monarquía es la única institución del Estado que carece una ley orgánica que regule su funcionamiento. Una ley de la corona, afirma Pablo Simón, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, sería un paso adelante para disipar la opacidad en todo lo que rodea a la Casa del Rey. Una oscuridad tolerada durante décadas por los Gobiernos de turno como tributo por su contribución a la consolidación democrática, un mirar para otro lado que ha facilitado los comportamientos irregulares.

El primer peldaño para la recuperación de la confianza social en la monarquía pasa por resolver con transparencia y ejemplaridad la crisis abierta por Juan Carlos de Borbón. En eso coinciden expertos y fuerzas políticas. Pero la contumacia en esconder el paradero del rey emérito no juega a favor de Felipe VI.

El dique constitucional de los partidos mayoritarios garantiza la perdurabilidad de la Corona. Pero el Rey necesita recuperar la confianza ciudadana para preservar su vigencia. El apoyo de la fuerzas políticas en aras de la estabilidad permite la supervivencia, mas no alcanza para reconquistar el respeto social y el prestigio institucional.