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En un tiempo propicio al desconcierto, la política española se dispone a cerrar una semana singularmente rara a la espera de cómo se desarrolle el tercer duelo al sol de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo este martes en el Senado y, sobre todo, de ... si el jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición consuman con éxito esa «última oportunidad» que se han concedido para salvar lo suyo. O lo que es lo mismo: la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pendiente desde el 4 de diciembre de 2018, cuando venció el mandato de cinco años de los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces con Sánchez ya en la Moncloa.
Estos días han sido extraños no solo por la convulsión institucional provocada por la calculada y personal decisión de Carlos Lesmes de dimitir de la presidencia del Consejo para escenificar su hartazgo y por la cumbre de urgencia en la Moncloa, apenas 14 horas después, a la que se vieron forzados Sánchez y Feijóo. La novedad proviene de ese nuevo diálogo hacia dentro -«constructivo», lo definen los populares- y del silencio hacia fuera.
Conversaciones silenciadas
La campana y el elefante
En una comunión de intereses que solo tiene un precedente esta legislatura -cuando Sánchez y Casado acordaron a la chita callando el relevo parcial en el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo-, Gobierno y PP actúan estos días con la consigna de no telegrafiar en la prensa sus conversaciones y evitar las salidas de tono. Los dos negociadores -el ministro Bolaños y el eurodiputado González Pons- han blindado sus contactos bajo una campana para intentar llegar al acuerdo hasta ahora imposible.
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Pero esa hornacina de discreción para amortiguar los disensos compite con un doble elefante en la habitación: la divergencia sobre un cambio en el sistema de elección del Consejo -que devolvió al fragor del debate a Sánchez y Feijóo en los corrillos del 12 de octubre- y la necesidad de socialistas y populares de encontrar una fórmula de pacto que permita a ambos salvar sus posiciones.
Consejo actual
La renovación posible
Unos y otros insisten en que lo prioritario -el recambio de los veinte vocales que entre mandato y prórroga llevan casi una década en el Consejo- puede desbloquearse en cuanto ceda el rival. Lo que significa, para Sánchez, que Feijóo debe cumplir no solo con las exigencias constitucionales, sino asumir que este CGPJ ha de reflejar la mayoría progresista encarnada ahora en las Cortes. Según la propuesta de siete folios enviada en julio a la Moncloa, Feijóo está dispuesto a la renovación, pero empezando a 'limpiar' ya los nombramientos del vicio de la politización y bajo la premisa de un compromiso por escrito para lanzar en seis meses la reforma a fin de que a los jueces los elijan los jueces. Algo a lo que el presidente se niega.
Como los socialistas, el partido de Feijóo lleva en el pecado la penitencia. Baste recordar el ejemplo de Lesmes, vinculado en su día a la Administración gobernada por Aznar. Ambas partes parecen dispuestas a una primera enmienda por la vía de pactar que todos los nombramientos del Consejo y sus decisiones gubernativas de peso requieran una mayoría de tres quintos. Lo que significa que nada podría hacerse en el futuro sin consenso, diluyendo el 'bloquismo' entre conservadores y progresistas.
El sistema de designación
Más o menos peso judicial
El Gobierno de Sánchez ha cerrado filas con el método que, anclado en las previsiones constitucionales y en la Ley Orgánica de Poder Judicial, prevé que Congreso y Senado elijan a los 20 vocales (doce entre jueces y magistrados y ocho entre juristas de reconocida capacidad) por mayoría cualificada de tres quintos. Un mecanismo de elección que el Ejecutivo opone al mayor «peso» que Feijóo quiere otorgar a los jueces en las designaciones que les conciernen, en línea con lo que propugna la Comisión Europea.
Los populares atesoraban la hegemonía necesaria en las Cortes con Mariano Rajoy para el viraje legislativo, pero no lo hicieron. Ahora plantean que el Consejo renovado elabore un informe sobre su propia reforma en un plazo máximo de seis meses, que se sustanciaría luego en una proposición de ley para su debate y eventual acuerdo en el Congreso. Queda apenas un año de legislatura. De ahí que la vía de salida pueda estar en el fuero -echar a rodar la posibilidad del cambio- y no tanto en el huevo de lo inmediato.
A finales de septiembre de 2018, dos meses antes de que venciera el mandato del actual CGPJ, Carlos Lesmes envió al Congreso y al Senado los 51 candidatos a las doce vocalías del órganos correspondientes a jueces y magistrados.
Ese medio centenar de aspirantes por el turno judicial representaban a las cuatro asociaciones profesionales o bien no tenían filiación corporativa. El Gobierno, contra el criterio ahora del PP, entiende que este mecanismo ya garantiza la intervención de la Magistratura en los nombramientos de su Consejo gubernativo.
Cuatro años después, esos candidatos siguen sin tener quién les elija. Pero con todo, la piedra más visible en el camino negociador entre PSOE y PP no estaba en ese listado, sino en el de los ocho juristas de acreditada trayectoria que designan directamente Congreso y Senado.
Los populares vetaron a José Ricardo de Prada, el magistrado de la condena del 'caso Gürtel' cuya candidatura promovió Unidas Podemos. El plan de Feijóo propone que en la relación de las Cortes no figuren jueces en ejercicio.
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