El fallo del Constitucional abre un nuevo frente entre Gobierno y oposición

En el Ejecutivo, aunque conocían que el debate estaba reñido, no esperaban el revolcón. En público miden sus palabras, pero de puertas adentro el enfado es mayúsculo. La ministra de Defensa y exmagistrada del Supremo exteriorizó hoy ese malestar y reprochó al Constitucional que haya retorcido la ley con «elucubraciones doctrinales» para tumbar la vía escogida por el Gobierno para dotar de un marco jurídico a la lucha contra la pandemia en su momento más crítico. Margarita Robles consideró que el sentido del fallo pone de manifiesto que «muchas veces los juristas e incluso los jueces van por detrás de la realidad social».

Menos académica se mostró la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, para la que es una evidencia que la oposición «la están ejerciendo los jueces». Para la también líder de Unidas Podemos, ha quedado demostrado que en España hay «un problema muy serio con la Justicia».

Esa lectura es compartida por los socialistas. Que seis magistrados del Constitucional avalasen el recurso de Vox, aunque fuera de forma parcial, explica en buena medida, a juicio del PSOE, porqué Casado mantiene bloqueadas las renovaciones del Consejo General del Poder Judicial y el propio Tribunal Constitucional. Los populares cuentan con mayorías afines en ambos organismos, fruto de la correlación de fuerzas que había durante el Gobierno de Mariano Rajoy con el PP con mayoría absoluta, y no quieren prescindir de ella. Un análisis que en este caso no se ajusta a la realidad porque entre los magistrados que defendieron la constitucionalidad del estado de alarma dos, Andrés Ollero y el presidente de la corte, Juan José González Rivas, fueron elegidos a propuesta del PP. Mientras que el voto que decantó el fallo contrario fue el de Encarnación Roca, avalada por los socialistas aunque fuera propuesta por la extinta CiU.

El líder de la oposición obvió este análisis y censuró tanto la respuesta del Gobierno a la decisión del Constitucional como la insistencia en defender el estado de alarma. «El Gobierno usó la pandemia para ampliar su poder y esto es de una gravedad tremenda». Casado lanzó su andanada minutos después del acto de homenaje a las víctimas de la covid y a la labor de los sanitarios, en el que el rey Felipe VI apeló a «la unidad» para afrontar la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales.

El presidente de los populares señaló que, «en un día como hoy (ayer)» de recuerdo a los fallecidos, quería «ser positivo» e invitó al Gobierno a acordar una «solución», que, a su entender, pasa por la reforma de la ley de medidas especiales de Salud Pública, «y en quince días, porque es solo un artículo por procedimiento de urgencia, España tendría un marco legal para enfrentarse» a las pandemias. Casado no tiene en cuenta que los constitucionalistas y juristas sostienen que no se pueden limitar los derechos fundamentales al margen del paraguas de los estados de alarma o de excepción. Sus propuestas en ese sentido, además, han sido rechazadas por mayorías aplastantes en el Congreso y no consiguió siquiera el respaldo de Vox y Ciudadanos a sus tesis.

El PP, por otra parte, votó a favor en la Cámara baja de las tres primeras declaraciones de estado de alarma, se abstuvo en la cuarta, y se opuso a las dos últimas. Si bien es cierto que Casado mostró desde el primer momento sus reparos porque consideraba que se trataba de «un estado de excepción encubierto» y denunció que el Gobierno se había «excedido en el alcance constitucional del estado de alarma». Pero no lo recurrió ante el Tribunal Constitucional.

Ese paso corrió a cuenta de Vox, que celebró por todo lo alto que sus argumentos hayan sido aceptados en parte por la corte de garantías. «Enhorabuena a Vox por el éxito de su recurso ante el Tribunal Constitucional», escribió ayer en Twitter la diputada y exportavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. Casado no se sumó a la felicitación.

«Todo vale para el convento», señalaron fuentes populares para justificar que su partido extienda la crítica al Gobierno también a este terreno. El PP se ha planteado una oposición global, similar a la que puso en marcha José María Aznar en los años noventa contra Felipe González. Hasta entonces, había materias vedadas, como la lucha antiterrorista, que con Aznar pasaron a formar parte de la contienda política.