La factura del 1-O

Los sobres y las papeletas del 1-O sumaron el grueso de la factura. La UTE Nothingad y Kardumen emitió un gasto de 97.332 euros por la difusión del Registro de Catalanes en el Exterior a través de internet. El Consorcio Catalán de Medios Audiovisuales difundió esos mismos anuncios a través de los canales de televisión, emisoras de radio y medios digitales que gestiona y giró al departamento de Presidencia dos facturas de 93.179 euros y 184.624 euros. En cuanto al material, la Generalitat encargó a Unipost la distribución de 56.000 cartas certificadas con nombramiento de cargos en las mesas electorales y 5.346.734 sobres con tarjetas censales, que supuso un coste de 979.661 euros.

La difusión del Registro de Catalanes en el Exterior, además de la activación de la web referéndum.cat, generó devengos por 220.253 euros. A esto se suma el contrato público DFP-Creativitat y producción 'Campanya registre cat.exterior', para el que se adjudicó a la mercantil Estudi Dada por 10.829 euros. Por la ejecución de esa inserción publicitaria, otra empresa, Focus Media, facturó 130.863 euros.

Por el contrato del observador Paul Sinning, director de la institución The Hague Center for Strategic Studies, se abonaron dos partidas por importe de 119.000 euros. El llamado programa de visitantes internacionales tuvo un coste de 64.654 euros, así como los honorarios al grupo de Helena Catt por 114.592 euros, más 62.712 euros en alojamientos, viajes y otros conceptos. Por su parte, un miembro del equipo central, Michael Grange, abogado y analista irlandés, dirigió un debate por el que se le abonó 4.873 euros.

Las visitas de un grupo de parlamentarios europeos tuvo un coste para las arcas públicas de la Generalitat de 43.341 euros. La contratación de un equipo de investigación experto en elecciones internacionales -International Election Expert Research Team- alcanzó los 177.304 euros. Del mismo modo, la contratación de una consultora en Estados Unidos durante tres meses para hacer tarea de lobby sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre ascendió a 60.000 euros.

La sentencia detalla el gasto 5.000 euros del total de unos 130.000 previstos en la empresa tecnológica DXC. Esta sociedad se encargó de la asistencia técnica de la página web referendum.cat, especialmente para el aplicativo de la denominada «séptima crida», a veces también llamada «crida extra», que fue mantenida oculta hasta el final, según la sentencia. También se detallan gastos asociados a la retribución a un particular, Teresa Guix Requejo, quien facturó en el mes de mayo 2.700 euros y un importe de 350 euros más IVA; así como la adjudicación a Havas Media Group Spain, quien facturó con su anterior denominación social, Media Planning Group, la cantidad de 84.050 euros más IVA, en total: 101.700. Este gasto incluía la inserción del anuncio en los diarios Frankfurter Allgemeine Zeitung, Le Monde, Le Soir, De Stanndaard, Corriere de la Sera y Financial Times.