El exministro de Justicia solicita su reingreso a la Audiencia Nacional

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han confirmado que Campo registró ayer su regreso a la judicatura una vez se publicó en el BOE su cese y procedió al traslado de la cartera a Pilar Llop, expresidenta del Senado.

La Comisión Permanente del CGPJ tramitará su solicitud en su reunión de este jueves. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece un plazo de diez días tras la publicación del cese del cargo para solicitar la reincorporación. Una vez que el Consejo lo acuerde, Campo dispondrá de veinte días para su incorporación efectiva a su nueva plaza.

Desde 1997 el ya exministro, gaditano de 59 años, ha ido enlazando cargos que han interrumpido el ejercicio activo de la judicatura. Hace 24 años fue nombrado por la Junta de Andalucía director general de relaciones con la Administración de Justicia. Cesó en 2001 para formar parte del CGPJ, como vocal, hasta junio de 2008. En febrero de 2009, con el Gobierno de Ródriguez Zapatero, fue designado secretario de Estado de Justicia hasta diciembre de 2011. En 2014 volvió a la Junta de Andalucía, dos años después accedió al Congreso como diputado por Cádiz y en enero de 2020 fue nombrado ministro por el Gobierno de Sánchez.

La salida de Campo del Ejecutivo ha causado estupor en el ministerio. Primero porque accedió como titular de Justicia a tramitar los indultos a los líderes independentistas catalanes. Lo hizo como mandato de un Gobierno y pese al desgaste que sabía que le iba a producir frente a su propia carrera judicial. La razón es que, en clave interna, se entiende que un juez ha desautorizado a sus colegas del Tribunal Supremo, que se opusieron a la concesión de la medida de gracia entre duros reproches.

En segundo lugar, en el Consejo también auguran una situación complicada para Campo en la Audiencia Nacional, ya que pilotó la reforma que limitó las funciones del órgano de gobierno de los jueces en funciones. Una modificación que ha generado críticas desde la mayoría de las asociaciones de jueces y parte de los vocales del CGPJ porque atacaba a la independencia judicial.

En último término, el exministro fue el negociador principal del PSOE para la fallida renovación hasta la fecha de los órganos constitucionales, como el Consejo, que lleva cerca de mil días en interinidad. Ello pese a su conocida amistad con el representante del PP, el consejero madrileño y magistrado Enrique López.