Las exigencias de Vox: extremistas y con escaso recorrido parlamentario

El texto recoge aspectos políticos, económicos, sociales y morales contemplados en el ideario del partido de extrema derecha, y que en su mayoría son extremistas, sin apenas recorrido parlamentario o de los que la Junta carece de competencias.

Vox propone que una vez que el PP asuma la Presidencia de la Junta haga una declaración institucional en contra del modelo de autogobierno y a favor de «un proceso nacional de devolución al Estado». A sabiendas de que el resto de grupos rechaza la devolución de competencias autonómicas en educación, sanidad, justicia y seguridad al Estado, los de Abascal tratan de forzar con esta declaración –sin efectos jurídicos pero con carácter excepcional- un pronunciamiento unánime, que refleje el parecer general de los ciudadanos a través de sus representantes democráticamente elegidos.

También reclama una declaración solemne de «condena» al «discurso de odio y exclusión» que algunos «políticos y medios» mantienen contra la formación desde las elecciones del pasado 2 de diciembre. La formación ha hecho de las querellas un arma política contra sus adversarios y en apenas un mes ha ejercido acciones legales contra la presidenta en funciones de Andalucía, Susana Díaz, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique y en breve contra la líder morada en Andalucía Teresa Rodríguez.

La radiotelevisión pública andaluza ha estado desde el inicio de la campaña electoral en el punto de mira de Vox. Aunque en un principio reclamaba su cierre «sustituyéndola por la emisión territorial de TVE» Abascal y su círculo rebajan sus pretensiones y piden que se reduzca su coste en al menos un 50% y se eliminen tres de los cuatro canales televisivos.

La lucha contra la inmigración se ha convertido en uno de los caballos de batalla de Vox. En el texto que ha puesto sobre la mesa al PP, el partido conmina a la Junta a facilitar a la Policía los datos de 52.000 inmigrantes ilegales que según la formación el gobierno de Susana Díaz tiene identificados pero cuya identidad no comparte con los cuerpos de seguridad, para que pueda procederse a su expulsión. Pero no existe ninguna estadística oficial sobre la inmigración clandestina, precisamente por su condición de irregular, ni en Andalucía ni en ninguna otra comunidad. Según los registros del Ministerio del Interior, la única cifra similar a esos 52.000 sin papeles que Vox quiere repatriar sería el número de inmigrantes clandestinos llegados en 2018 a las costas andaluzas y a la zona del Estrecho y que, en su mayoría, ya no se encuentran en suelo español.

La formación de Abascal propone un 'pin parental' como con las televisiones o plataformas digitales, con la que darle todo el poder a los padres para vetar, según sus convicciones morales, determinadas actividades en los colegios. Una iniciativa que ya en el pasado ha apoyado Profesionales por la Ética o la Asociación para la Defensa de los Valores Católicos en la Enseñanza y que no se recoge en ningún otro país de Europa.

El documento propone también la apertura de centros públicos de educación diferenciada: la segregación de niños y niñas, si existe demanda. En este caso, el Constitucional sentenció hace menos de un año que la educación segregada por sexos «no causa discriminación y es respetuoso con la Constitución». Además, Vox persigue acabar con «la discriminación de los andaluces» que viven en otras regiones de España, con asistencia legal y económica para que no se vean obligados a escolarizar a sus hijos en una lengua regional.

En materia ética y religiosa, Vox plantea el control de lo que definen como «fundamentalismo islámico». Un punto con el que quieren «prevenir la amenaza fundamentalista» y se aboga por la supresión de subvenciones a asociaciones islámicas. Ya en su programa el partido de extrema derecha defiende que el islamismo sea considerado abiertamente «como un riesgo potencial a la seguridad», para tenerlo «bajo vigilancia» en España.

Dentro de los valores de Vox, destaca el de la protección y defensa de la familia y de la vida «desde la concepción hasta la muerte». De ahí que el partido proponga entre sus medidas la creación de una consejería de Familia para impulsar medidas encaminadas al fomento de la natalidad y, entre otras cosas, «prestar atención a las mujeres con embarazos no deseados» para evitar que reciban «coacciones o presiones de su entorno que la obliguen a abortar». También rechazan la eutanasia bajo un indefinido «plan de extensión de cuidados paliativos».

Por contra, los de Abascal piden que sea derogada la ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI. La norma andaluza en vigor fue aprobaba por unanimidad en la anterior legislatura y establece multas en casos de odio o discriminación a personas del colectivo desde 6.000 euros para las infracciones leves hasta 120.000 euros para las muy graves. Según Vox, «España no es un país homofóbo que no necesita de leyes especiales».

En materia social, la formación de Abascal apuesta por «sustituir una ley de violencia doméstica que no juzgue el sexo del agresor». En el texto de la norma aprobada en 2007 en Andalucía se establecía que «las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la violencia de género, que incluye medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas». Vox niega la violencia por razón de género y reclama una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños pese a que el Tribunal Supremo ha establecido que no hará falta probar la intención machista para que una agresión sea violencia de género. De derogarse la legislación nacional sobre violencia de género permanecería en vigor en Andalucía y el Gobierno de la Junta estaría obligado a cumplirla en todos sus extremos.

La formación propone además cambiar la fecha del Día de Andalucía del 28 de febrero al 2 de enero para conmemorar la culminación de la Reconquista. Sin embargo, para lograr ese cambio se requiere una reforma del Estatuto y para ello se necesitan dos tercios de la Cámara autonómica y su iniciativa carece del respaldo del resto de formaciones parlamentarias.

La reducción del gasto político y las rebajas fiscales generalizadas son los aspectos del plan de Vox que pueden encontrar mejor acogida en el PP y Ciudadanos. El partido de Abascal reclama, al igual que populares y liberales, la práctica eliminación del impuesto de sucesiones y una reducción al mínimo del impuesto de transmisiones patrimoniales. También propone suprimir agencias y entidades como la red Extenda, de ayuda a las empresas andaluzas en su expansión internacional, una idea en la que puede coincidir también con las otras formaciones.